¿Porqué el Presidente Lagos insiste en afirmar que se debe dejar que funcionen las instituciones cuando cómo candidato ofreció cambiarlas? En ese tono doctoral, propio de un profesor de la Facultad de Derecho, cada vez que se enfrenta a problemas difíciles de resolver nos deja perplejos con su afirmación: ¡dejemos que funcionen las instituciones!.
Estaríamos de acuerdo con el Presidente si las instituciones vigentes en Chile fueran el resultado de efectivos procesos democráticos. Sucede, sin embargo, que la mayor parte de éstas se establecieron o se reestructuraron bajo Pinochet, mediante el fraude o la fuerza.
En realidad, las instituciones existentes funcionan, pero para una minoría y responden a la lógica que impuso la dictadura. Lo que quieren los chilenos es que éstas sean modificadas para que sirvan a todos los ciudadanos, sin discriminación de origen social, nivel de ingreso o posición de poder.
El Presidente debiera decir: ¡no funcionan las instituciones para la mayoría de los chilenos, porque la Constitución del 80 tiene un origen espúreo!. Ésta fue plebiscitada bajo la dictadura y posteriormente aceptada por los dirigentes de la Concertación para hacer la transición pactada con la derecha y los militares.
El carácter antidemocrático de la Constitución y de las instituciones que cobija queda de manifiesto en varios hechos que agreden cotidianamente a los chilenos: no permite la realización de plebiscitos para su modificación; defiende un sistema electoral binominal, que impide una justa representación de todos los ciudadanos.
Esta misma Constitución determina que unos pocos señores elijan a un número importante de senadores designados que son el fiel de la balanza en la formación de las leyes.
Adicionalmente, un ilegítimo Consejo de Seguridad Nacional, con la presencia de los cuatro comandantes en jefe de las instituciones armadas, resuelven las grandes controversias que eventualmente se le presentan a la nación. El comportamiento inaceptable del jefe de la Fuerza Aérea en las últimas semanas y la detención de su protegido, el general Campos, gracias a la aparición de un juez digno, son la prueba manifiesta que las instituciones deben ser modificadas.
Bajo las actuales condiciones, el Presidente no puede remover un subordinado que tiene poder armado y tampoco puede citar al Consejo de Seguridad porque la mitad de ellos son uniformados y además el general cuestionado tiene el derecho legal a votar en su favor.
Estas instituciones, entonces, no son democraticas y no sirven. En suma, estamos frente a un sistema político, con instituciones antidemocráticas que deben ser modificadas para que el poder sea efectivamente ejercido por los ciudadanos a través de representantes parlamentarios elegidos sin restricciones y con un poder ejecutivo que ejerza plenamente su autoridad..
Sigamos con el Poder Judicial. En estos días se cumplió un año desde que se identificó al asesino en serie de las niñas de Alto Hospicio. Por largo tiempo no fueron atendidos los ruegos persistentes que efectuaron sus familiares. Ni la justicia ni la policía realizaron esfuerzos para atrapar al culpable, lo que hubiese cortado además la cadena de asesinatos del psicópata.
Al contrario de Alto Hospicio, las autoridades policiales y de la justicia actuaron con agilidad cuando se trató tanto del hijo de Gutemberg Martinez como del hijo del Alcalde de Providencia. No cabe tampoco aquí la afirmación: ¡Dejemos que funcionen las instituciones!. Porque la policía y el Poder Judicial actuan con prontitud con los ricos y famosos y sólo excepcionalmente lo hacen con los débiles cuando emergen personas dignas como Guzmán o Carroza, o cuando la prensa denuncia situaciones escandalosas.
En suma, las instituciones del Estado funcionan cuando se trata de los hijos de la “gente bien” y no lo hacen cuando se trata de gente modesta y sin recursos.
En el plano económico-social, el desastre de las casas Copeva y la expropiación de los ahorros colocados en Habitacoop han sido manifiestas estafas en contra de familias que sólo demandaban una vivienda digna. Las instituciones fiscalizadoras no han funcionado para restituir los recursos de los ahorrantes y tampoco han enviado a la cárcel a los responsables de ambos delitos. Éstos, y muchos casos más, que afectan a ciudadanos que no poseen información ni recursos, son expresión de que las instituciones fiscalizadoras funcionan, pero en favor de los poderosos y en contra de los humildes.
Por tanto, en estos ámbitos como en tantos otros, el Presidente Lagos debiera cumplir con el compromiso programático de reformar las instituciones en vez de reiterar de manera defensiva y majadera: ¡Hay que dejar que las instituciones funcionen!
08-10-02
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