Economía de mercado con Estado mínimo; apertura económica al mundo; y, riguroso equilibrio fiscal. Estos son los ejes del modelo neoliberal. Al cabo de dos décadas de implementación de estrategias de desarrollo fundadas en este modelo sus resultados son desastrosos en los países de América Latina. Los indicadores económicos y sociales, de todos los organismos internacionales, son reveladores de la baja tasa de crecimiento, pobreza, desigualdades y tensiones políticas en la región. Chile, en cambio, se muestra como la excepción, con buen comportamiento económico y reducción de la pobreza, aunque persisten las desigualdades y la vulnerabilidad social se ha hecho evidente.
Curiosamente, la reestructuración económica de Chile, implementada bajo el régimen de Pinochet, fue menos neoliberal de lo que parece, al menos en lo que compete a la intervención del Estado en la economía. En realidad, desde mediados de los años setenta y hasta comienzos de los noventa se aplicaron generosas políticas de apoyo estatal a la producción y a las exportaciones, en transgresión a la libertad de mercado.
El reintegro simplificado a los exportadores, hoy eliminado, apoyó a los pequeños y medianos empresarios; los subsidios a la plantación de bosques permitieron potenciar el sector maderero y la celulosa; el éxito de las exportaciones de salmón tiene una gran deuda con el sector público, ya que la Fundación Chile financió la investigación tecnológica, para hacer viable su explotación; las empresas constructoras se encuentran prácticamente exentas del impuesto al valor agregado desde hace treinta años.
Paralelamente, las privatizaciones, sin transparencia alguna, fueron un virtual subsidio que favoreció al empresariado pinochetista; la crisis financiera de 1982-1983 fue salvada con recursos públicos, para beneficio de los banqueros; la minería privada en el cobre ha tenido el inmenso beneficio de la depreciación acelerada junto a la aceptación complaciente del juego intracorporativo, lo que les ha permitido eludir el pago de impuestos; y, lo más importante, en beneficio del empresariado, un código laboral para impedir la negociación sindical, junto a una represión implacable, favoreció la ganancia patronal en las negociaciones salariales.
Entonces, no fue el mercado libre y neutral el que fundó las bases de la expansión económica a partir de 1985. Ni tampoco el Estado mínimo. En realidad, lo que existió en Chile fue un proyecto pro-empresarial con un Estado intervencionista y discriminador que permitió una “acumulación primaria”, dando origen a la inédita emergencia de poderosos grupos económicos nacionales y extranjeros.
En aquella época a éstos del fue más útil el Estado que el mercado. El mismo Estado, al dar por terminadas las políticas sociales universales, ayudó al empresariado a extenderse sus actividades a la seguridad social, la salud y la educación, las que se convirtieron en lucrativos negocios.
Los gobiernos democráticos, en vez de recuperar el rol del Estado para restituir el equilibrio de poder en la sociedad optaron por debilitarlo. Así, desde los años noventa y hasta ahora, nos encontramos con la paradoja de que se han reducido los subsidios y se ha renunciado a las políticas de promoción a la producción y a las exportaciones, lo que en el marco de una potente demanda China por recursos naturales, acentúa el peligro de acentuar nuestra especialización en actividades de bajo valor agregado. En segundo lugar, la alta mortalidad de las empresas pequeñas encuentra gran parte de su explicación en esa política de “neutralidad del Estado” ( y no en el argumento de Perez de Arce sobre la inflexibilidad labora), que ha sido ciega frente a la alta tasa de interés que se les cobra a las pymes. En tercer lugar, a pesar de la manifiesta evidencia nacional e internacional de que la regulación a los flujos de capital es potente para reducir la vulnerabilidad externa, se ha preferido optar por una liberalización completa de la cuenta de capitales, acelerando una pertura indiscriminada, de acuerdo con la moda en Wall Street y en el FMI. En cuarto lugar, el Estado, en vez de regular los monopolios, ha sido complaciente con la concentración patrimonial, no ha facilitado la libre competencia y ha colocado en condiciones de indefensión a los consumidores. En quinto lugar, la debilidad de los sindicatos se ha profundizado, producto de una legislación que promueve la externalización, limita la negociación colectiva y no tiene eficacia fiscalizatoria.
En consecuencia, la corrección del modelo, a la que se viene llamando, no podría eludir la recuperación del Estado para colocarlo, de verdad y no retóricamente, al servicio de los débiles y ayudar a fortalecer así el poder de éstos en el seno de la sociedad.
26-10-05
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