En Venezuela, Ecuador y Bolivia los sistemas políticos tradicionales y sus partidos han caducado. Han sido reemplazados por asambleas constituyentes y nuevos líderes. Incluso en Costa Rica casi triunfó en las pasadas elecciones un outsider mientras el peronismo de Kirchner emergió como rechazo rotundo al menemismo que hegemonizó la política argentina durante más de una década.
Esta nueva realidad regional es una respuesta a las desigualdades que ha generado un modelo económico injusto y expresa también el rechazo a políticos inescrupulosos que asaltaron el Estado en su propio beneficio. La ciudadanía latinoamericana se ha cansado del neoliberalismo y la corrupción.
Aunque nuestro país tiene especificidades que lo diferencian del resto de los países de la región, la historia nos recuerda que la teoría del dominó tiene cierta validez. Los partidos tradicionales en Chile han perdido capacidad de representación, los jóvenes rechazan a los actuales dirigentes y no participan en política. La Presidenta Bachelet intentó recoger las inquietudes ciudadanas contra el sistema político pero no lo logró. Es que no es tarea fácil.
Se oponen los propios políticos tradicionales aferrados con dientes y muelas al poder, aunque ya sin ideas que los sustenten; también está esa sólida y pesada institucionalidad política chilena que opera en contra de refrescar el sistema y acoger las nuevas demandas ciudadanas. En consecuencia, el desprestigio de los políticos y de los partidos -de todos ellos- no se podrá revertir de la misma forma que ha sucedido en los países vecinos. Pero el cambio en inevitable.
Algo tendrá que suceder. Las tensiones que vive el sistema político, con serias disputas tanto en la derecha como en la Concertación son insostenibles. Díscolos, díscolos a medias y cuestionadores de toda índole se rebelan frente a decisiones de políticas públicas inconsultas, acordadas entre amigos y barones sin títulos nobiliarios.
La ciudadanía está completamente alejada de estos políticos.
Por otra parte, las desigualdades del modelo económico, en un contexto de opulencia de recursos, y con una política económica conservadora, están alcanzando grados insostenibles. Trabajadores que siguen luchando, incluso contra el propio Estado, por el derecho a la negociación colectiva, y contra un inaceptable sistema de subcontratación. Pequeños empresarios con costo crediticio cuatro veces superior a los grandes consorcios. Consumidores modestos agobiados por tarjetas de crédito usureras que les imponen los Almacenes Comerciales. Pequeños agricultores frente a supermercados inescrupulosos que les fijan precios de compra miserables. Estudiantes que todavía aspiran a una educación básica, media y universitaria igual para todos, independientemente de los ingresos familiares. Ancianos que todavía esperan un sistema de pensiones que les entregue una vida digna.
Todo indica que el cambio en Chile es inevitable. El contexto regional y las insatisfacciones políticas y económicas acumuladas en el país imponen la transformación. Ésta requerirá con toda seguridad de un nuevo bloque de fuerzas, que reúna a aquellos políticos de la Concertación cansados de las promesas incumplidas a los débiles y de los privilegios otorgados al gran capital. También deberá incorporar a aquellos excluidos del sistema parlamentario por la constitución pinochetista. Ese bloque de fuerzas, anclado profundamente en la sociedad civil, debe ser capaz de incorporar organicamente a dirigentes medioambientalistas, trabajadores, pequeños empresarios, estudiantes, consumidores, pueblos originarios y defensores de la ciudad.
Esta convergencia entre políticos progresistas y organizaciones ciudadanas puede provocar el salto que Chile exige en favor de la igualdad, la democracia y la inclusión.
24-07-07
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