lunes, 27 de diciembre de 2010

Pagar por trabajar

Vengo del supermercado LIDER y los universitarios que empaquetan las mercancías me dicen que deben pagar por ese trabajo. Así es. Ni más ni menos. Son $ 500 pesos por cada turno de 3 horas, una camisa por $ 5.000 y el polerón de invierno que vale $ 10.000. El pago lo recibe Universitarios Everest, empresa externa, subcontratada por los ejecutivos del supermercado LIDER, que se lava las manos frente a esta obscenidad. A cambio de esos pagos, los jóvenes empacadores reciben la caridad de los clientes, vale decir la propina voluntaria. 


No conozco en el mundo otro país en que se pague por trabajar. Este es el extremo de la denominada flexibilidad laboral. Cómo no se ha podido eliminar el salario mínimo, ideal del neoliberalismo, el sistema ha encontrado subterfugios; en este caso, se aprovecha de la necesidad y fragilidad de los jóvenes pobres, para minimizar el costo del trabajo. 

Nuestro ministro de Hacienda, dice que el país se encuentra en un “círculo virtuoso” de crecimiento, creación de empleo y baja inflación, lo que permitirá alcanzar el desarrollo en el 2018. Seguramente desconoce que en Chile se paga por trabajar, pero sabe que esos jóvenes empaquetadores ayudan al INE a subir las cifras de empleo. No desconoce, sin embargo, que la tasa de sindicalización y la negociación colectiva son bajísimas en nuestro país. Tan bajas que merecen el reclamo de la OCDE, organización de países desarrollados a la que Chile acaba de incorporarse. También saben nuestras autoridades sobre el uso abusivo de la subcontratación para hacer difusa la persona del empleador, utilizando numerosas razones sociales, lo que permite eludir la formación de sindicatos, el pago de gratificaciones y las cotizaciones previsionales. 

Hay que ser justos. La precariedad laboral no la inventó el actual Presidente, sino su hermano, José Piñera. Era la época en que las leyes laborales tenían un sólido apoyo en la fuerza material del general Pinochet. Sin embargo, cuando las armas fueron reemplazadas por la política no se hizo efectivo ningún cambio sustancial que favoreciera la posición negociadora de los trabajadores. Más aún, en tiempos de los cuatro presidentes de la Concertación disminuyó la sindicalización y la negociación colectiva. Permaneció además la sorprendente disposición que permite despedir trabajadores por “necesidades de la empresa”. Así las cosas, el crecimiento con equidad se convirtió en retórica y la distribución del ingreso no pudo mejorar. 

Por otra parte, el crecimiento del 6% y la baja inflación también merecen calificaciones. En efecto, crecer exportando cobre y vendiendo productos chinos en los malls aumenta la actividad, pero no ayuda mucho al objetivo de alcanzar el desarrollo para el 2018. Es imprescindible diversificar la matriz productiva-exportadora si se quiere un país con autoridad y plenitud de derechos en la OCDE. Lo decía el actual ministro Larraín, cuando investigaba en Harvard. 

Finalmente, una baja inflación siempre es buena, pero en un país normal. No en el nuestro en que la población vive endeudada con tarjetas de crédito usureras, que encarecen cada producto en un 50% anual por lo bajo. Ello significa que el aumento de precios no es un dígito, sino mucho más, para los pobres y sectores medios de nuestro país. 

En suma, las cifras de creación de empleo que entusiasman a las autoridades gubernamentales debieran tener muy presente la precariedad laboral que existe en el país, que incluye la vergüenza de pagar por trabajar. Atacar la precariedad laboral, así como regular las tasas de interés de las tarjetas de crédito y apuntar a un crecimiento con diversificación productiva nos ayudarían a un doble propósito: tener un país decente y alcanzar el desarrollo. 

02-12-10

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