LA CORRUPCIÓN

La corrupción avanza y amenaza con derrotarnos. El individualismo y la pasión por el dinero corroen las entrañas de nuestra sociedad, cuestionando peligrosamente esos valores de ética pública que nos legaran Portales, Recabarren, Aguirre Cerda, Jorge Alessandri y Allende. Acusamos a los argentinos de corrupción y le atribuimos principal responsabilidad en una crisis que parece interminable. ¿Y nosotros qué? ¿Hemos revisado con verdadero sentido autocrítico los hechos que muestran que ese Chile austero y honrado de nuestros padres ya no es el mismo? ¿Será posible que el país desemboque también en esas redes de corrupción que han conducido a la catástrofe de nuestros vecinos?

Las recientes denuncias contra el diputado Rebolledo y el nuevo Presidente del Partido Radical, Patricio Tombolini, han convertido en escándalo realidades que son evidentes desde hace ya algunos años y que- hay que reconocer- en la mayoría de los casos explotan gracias a investigaciones de la prensa o por venganzas políticas, pero casi nunca por iniciativa propia del aparato gubernamental. 

La utilización del sector público para beneficio personal de Pinochet y su familia fue, a todas luces, corrupción y repudiable. Pero, en realidad, la corrupción institucionalizada comenzó con la política de privatizaciones de las empresas públicas, que encabezó Buchi. Ésta, enriqueció a un grupo de personas cuyo único mérito fue encontrarse en el momento propicio en los círculos de la nomenclatura tecnocrática militar. La acumulación de rentas que gracias a las privatizaciones favoreció a esos “ nuevos empresarios”, no se originó en esa “capacidad emprendedora” de que habla Fernando Flores ni tampoco fue producto del libre mercado que impuso Sergio De Castro. 

En realidad, contrariando sus propias enseñanzas, los economistas formados en Chicago utilizaron sus posiciones de gobierno para hacerse de paquetes accionarios o entregar información privilegiada a sus amigos para que se hicieran cargo, a precio vil, de las empresas públicas más rentables de Chile. 

Junto a las privatizaciones estuvo la formación de las AFP, las ISAPRES y la transformación de la enseñanza en un negocio privado, actividades que se constituyeron en otra fuente privilegiada de acumulación de ganancias para los nuevos ricos. Dueños de empresas, ejecutivos y economistas, se comieron la zanahoria en La Dehesa, utilizando a las Fuerzas Armadas para que aplicaran el palo, lo que inhibió la protesta de la sociedad chilena frente a la expropiación institucionalizada de que fue objeto. 

Ahora, con la democracia, cuando los militares se encuentran en sus cuarteles, estos mismos empresarios, algunos convertidos en políticos, añoran los tiempos de la ganancia fácil. 

Aunque la democracia no los ha tratado mal intentan el retorno a sus mejores tiempos. Con tal propósito, esos sui generis empresarios ahora financian a los partidos de derecha, construyen institutos de investigación y sostienen medios de comunicación, creyendo que este esfuerzo les permitirá a la larga ser gobierno y recuperar esas utilidades extraordinarias del pasado. De principio a fin esto se llama corrupción. 

La denuncia sobre las coimas de dos políticos de la Concertación a cambio de la concesión para una empresa de revisión técnica de vehículos en Rancagua no es una hoja en la tormenta en los años de democracia. Antes, se conocieron los bullados casos de Indap, del Instituto de la Juventud y el pago de indebidas indemnizaciones a ejecutivos de empresas públicas. Pero están también las nunca aclaradas situaciones en torno a platas italianas y francesas o los recursos aportados por algunos “empresarios pluralistas”, que también han colocado huevos en la canasta de la Concertación. Se trata del pago de campañas y operaciones políticas. Cuando hay que dar explicaciones sobre esta incomodidad el argumento es: ¡la derecha tiene la plata y por eso se opone a legislar sobre el financiamiento para las campañas electorales! 

Este argumento es efectivo, pero es muy peligroso concluir de que hay que recibir platas de donde vengan para hacer política. En primer lugar, existe un límite no definido entre las platas para hacer política y las que se usan para el lucro personal; segundo, los dineros son siempre recibidos por algunos interlocutores que tienen una especial relación con los donantes y ello los convierte en poderes fácticos al interior de los partidos; y, en tercer lugar, el pago de favores al que puede obligar la donación empequeñece la obligación principal del político: responder, con transparencia, ante toda la ciudadanía. 

Para que no haya corrupción, exista o no legislación sobre donaciones a partidos y a campañas políticas, sólo es aceptable recibir recursos de particulares, fundaciones o empresas, informando detalladamente a la opinión pública. 

Pero la corrupción en democracia va más allá de las donaciones directas a los partidos. Si se revisa la lista de los ministros, subsecretarios, superintendentes de entidades reguladoras y jefes de servicios es dificil encontrar a alguno que no sea miembro de directorio, ejecutivo, asesor o lobista de ISAPRES, AFP, bancos o algún otro tipo de empresa. 

Para mayor agravante, en muchos casos estas personas comprometidas hoy día con los negocios de la empresa privada fueron en su momento, como altas autoridades del Poder Ejecutivo, contrapartes, reguladores u ofrecieron licitaciones a los privados. En todos estos casos también se escucha el argumento:¡ qué le vamos a hacer. Hay que trabajar en algo!

Por ello es preciso establecer una rigurosa legislación tanto sobre el lobismo como respecto del tiempo que se considera razonable para que las autoridades que han salido del sector público puedan incorporarse a la empresa privada. Pero, por ahora, mientras no exista la correspondiente legislación lo que manda es la ética y ésta, la que nos enseñaron nuestros padres, indica que no es posible que aquel funcionario que haya trabajado como regulador, por ejemplo, de las superintendencia de bancos, AFP o ISAPRES, asuma en los directorios de estos negocios privados o se convierta en una más de sus gerentes. 

Tampoco es aceptable la actividad de lobistas que cumplen la doble función de ser asesores en ciertos ministerios, con acceso a información privilegiada y que, al mismo tiempo, ejercen indebidas presiones políticas para que se legisle o se firmen decretos en favor de determinadas empresas privadas.

En suma, la defensa de la democracia exige un esfuerzo decidido por evitar que la corrupción siga avanzando en Chile y, más bien, hay que obligarla a que retroceda. 

La derecha tiene una responsabilidad principal en aceptar legislar sobre donaciones para partidos y campañas políticas. La derecha no puede ocultar esa dañina confusión que la caracteriza entre la política y el mundo empresarial, que no se encuentra en otro país del mundo. 

A su turno, la Concertación no puede seguir los pasos de la derecha y debe romper esos vasos comunicantes que comenzó a construir en los años noventa entre sus políticos y el mundo empresarial. Por tanto, le cabe proponer una ley que precise y regule los términos en que las altas autoridades públicas pueden incorporarse a la empresa privada, luego de dejar sus funciones. 

Mientras no exista legislación, los que han optado por la decencia y el servicio público, debieran inspirarse en la anécdota que cuenta Ernesto Sábato en su libro La Resistencia, la que pudo haber sucedido perfectamente en el Chile de nuestros antepasados: hace muchos años, un hombre se desvaneció de hambre en las calles de Buenos Aires y cuando lo socorrieron le preguntaron cómo no había comprado algo de comer con el dinero que llevaba en su bolsillo. El hombre respondió: eso era imposible, pues el dinero pertenece al sindicato. 

22-10-02