Jaime Estévez, Ministro de Obras Públicas durante el Gobierno de Lagos, fue incorporado al directorio de Endesa en representación de las AFP. Su cesantía como funcionario público duró menos de dos semanas y el nombramiento coincide peligrosamente con la formación de la comisión que encabeza Mario Marcel para impulsar la reforma previsional. Previamente, el mismo Estévez, luego de finalizar su periodo como diputado por el PS y ser derrotado en sus pretensiones senatoriales por Santiago-Oriente en 1997, había sido reclutado para el directorio de Provida desde donde saltó de nuevo al sector público, como Presidente del Banco del Estado. Estos vasos comunicantes entre la política y los negocios son preocupantes. De hecho, los opositores a las centrales hidroeléctricas en Aysén manifestaron un vigoroso cuestionamiento a Estévez porque su designación apuntaría a aprovechar sus vínculos políticos para imponer a cualquier costo los proyectos de Endesa.
El caso de Estévez no es nuevo. Si se revisa la lista de ministros, subsecretarios y superintendentes de entidades reguladoras de los gobiernos de la Concertación una mayoría de ellos al dejar su trabajo público se ha convertido en miembros de directorios de empresas transnacionales, Isapres, AFP y bancos. Otros se han dedicado directamente al trabajo de lobistas.
Lamentablemente, la Concertación ha seguido los pasos de la derecha aceptando esos vasos comunicantes entre los políticos y el mundo empresarial. Cuando los empresarios contratan los servicios de ex funcionarios de los gobiernos de la Concertación buscan aprovechar los vínculos políticos de éstos para favorecer sus negocios: mantener o modificar alguna ley; permitir la emisión de algún decreto; ser beneficiario de algún contrato.
Así las cosas, la política se ve seriamente dañada y sus dirigentes pierden independencia de acción.
En consecuencia, es urgente aprobar la legislación sobre el lobismo, todavía empantanada en el Senado, haciéndola lo más rigurosa posible. Y, por otra parte, habrá que redefinir la actual ley de incompatibilidades para las ex autoridades públicas ya que, como lo muestra el caso de Estévez, se ha probado inútil.
Es cierto que la pasión por el dinero que caracteriza al neoliberalismo se infiltra por todas partes y corrompe a los espíritus frágiles y ambiciosos. Pero, si no se realiza un esfuerzo nacional para evitar la corrupción caeremos en las mismas situaciones que tanto se critica a los países vecinos.
Es preciso terminar con esos vasos comunicantes entre lo público y lo privado. La decencia así lo exige y la democracia lo demanda.
05-04-06
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