En su columna de El Mercurio, Eugenio Tironi ha apoyado con entusiasmo a Carlos Ominami en su propósito de eliminar el sistema de indemnizaciones por despido. No estoy seguro que el senador socialista se sienta cómodo en compañía de Tironi (enemistados en la campaña electoral de Lagos), aunque “un bien mayor” los une: la defensa del capitalismo, a la norteamericana, que se ha construido en Chile. Un capitalismo, como dice Stiglitz, en que las compañías sólo saben disminuir costos y aumentar su competitividad vulnerando derechos de los trabajadores, empujando los salarios a la baja y exigiendo reducción de impuestos. Es lo que impuso Pinochet en Chile.
El primer argumento Ominami-Tironi es que la eliminación de las indemnizaciones favorecerá la creación de empleos y la productividad. Afirmación completamente falsa. El mejoramiento de la productividad nada tiene que ver con echar gente a la calle, sin indemnizaciones, si persiste mala educación y limitado desarrollo técnico. Por otra parte, la recuperación del desempleo sólo es posible con políticas productivas efectivas y crédito, no usurero, a favor de las pequeñas empresas. Por otra parte, la zanahoria para eliminar las indemnizaciones con el mejoramiento del seguro de desempleo es poco creíble. No ha servido para nada. Y por lo demás no es posible seguir dividiendo a los trabajadores, ahora con las indemnizaciones, entre nuevos y antiguos.
El segundo argumento Ominami-Tironi es que la economía de mercado es una conquista progresista. Afirmación errónea. En el último cuarto del siglo XX los gobiernos más autoritarios y reaccionarios en Gran Bretaña, EE.UU., América Latina y Chile, impusieron las políticas radicales de libre mercado. Como señala John Gray en su libro Nuevo Amanecer “El libre mercado es una construcción del poder estatal. Los mercados libres son criaturas de gobiernos fuertes”. En Chile, la dictadura, con los Chicago boys, establecieron una economía de libre mercado radical, sin oposición, la que curiosamente permitió el traspaso a precio vil de empresas públicas a los privados, fijó bajos impuestos a las empresas y un régimen laboral para superexplotar el trabajo asalariado. Libre mercado, pero sui géneris.
El tercer argumento Ominami-Tironi sostiene que “es mucho más progresista un joven dispuesto arriesgar instalando una pequeña empresa que otro que quiere ser empleado del Estado”. Si lo que define el progresismo es el riesgo, hay que decir que ser pequeño empresario o funcionario público tiene similares riesgos. El primero tiene un alto costo para obtener crédito, escaso apoyo estatal y es expoliado por las grandes empresas compradoras; el joven que accede a la función pública recibe un bajo salario, a honorarios o a contrata y, por tanto, puede ser despedido en cualquier momento, con cero peso en sus bolsillos. Ser funcionario público o pequeño empresario es altamente riesgoso en Chile.
A diferencia de lo que piensa Tironi, nadie castiga con la sospecha o el ostracismo a militantes de los partidos de la Concertación por comprometerse en actividades empresariales. El cuestionamiento se produce cuando ex ministros, superintendentes u otras autoridades públicas, después de dilatadas vidas políticas, aparecen contratados en los directorios de grandes empresas telefónicas, eléctricas, AFP, Isapres o empresas de transporte. Personas que durante largos años no ejercieron profesión alguna y que vivieron de la política sólo pueden explicar su repentino ingreso al mundo empresarial como lobistas.
Es un aprovechamiento de sus contactos en el Gobierno y el Parlamento. No son empresarios, no son creadores de nuevas ideas. No se trata de nuevos Bill Gates sino de gente que se ha aprovechado de la función pública para servir a sus nuevos patrones.
El cuarto argumento, esta vez sólo de Tironi, es que la economía de mercado obliga a hacer fe en los empresarios, el que encontraría su fundamento en Shumpeter. Error. La esencia de las tesis de Shumpeter es que el capitalismo no trabaja para preservar la cohesión social y que dejando el sistema sometido a sus propias reglas, podría destruirse el sistema capitalista y con él los propios empresarios. Por eso el capitalismo debe de ser domado. La intervención gubernamental es necesaria para reconciliar el dinamismo del sistema capitalista con la estabilidad social. Consecuentemente, respetar la actividad empresarial no significa hacer fe ciega en los empresarios.
El capitalismo, a la norteamericana, que defienden Ominami-Tironi no es bueno para Chile. El costo del éxito de la economía norteamericana incluye niveles de división social -crimen, encarcelamiento, conflictos raciales y étnicos, rupturas familiares y comunitarias- que ninguna cultura europea o asiática estaría dispuesta a tolerar. Los chilenos tampoco deberíamos aceptar ese costo, porque la concentración y las desigualdades están produciendo tensiones insostenibles en nuestro país. Nos merecemos otra estrategia de desarrollo, más acorde con nuestra historia y cultura. Sus ejes deberían ser el empleo y protección de los trabajadores, el desarrollo productivo de los pequeños empresarios, una educación digna para los niños, una salud igual para todos y un sistema de protección social decente para los ancianos. La propuesta de eliminación de las indemnizaciones por despido apunta en otra dirección.
Es mejor que Ominami se preocupe por causas que no atenten contra los más débiles y que ayuden, de verdad, a aumentar el empleo. Igualmente podrá alcanzar esa presencia comunicacional que tanto le interesa, sin acarrear con el costoso apoyo de Tironi.
04-10-06
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