¿Empresarios o damnificados?

La fragilidad de Chile

El 27 de febrero y los dramáticos días posteriores dejaron de manifiesto la fragilidad de nuestras instituciones, las desigualdades se mostraron en toda su crudeza y quedó en evidencia la debilidad de las redes sociales, la inexistencia de una sociedad civil organizada.

Las principales instituciones se mostraron inútiles ante la tragedia. El SHOA de la Marina no fue capaz de anunciar el tsunami. que significó la muerte de cientos de compatriotas; la ONEMI no tenía a su disposición alimentos, techo y abrigo suficientes para los damnificados; el derrumbe de la telefonía fija, móvil y el mismísimo Internet desmintieron el mito que los servicios públicos privados son mas eficientes que a cargo del Estado; las inmobiliarias dejaron a la gente de sectores populares y medios en la más absoluta indefensión, viviendo en la calle y frente a sus edificios derrumbados; y, los partidos políticos brillaron por su ausencia.

Además, el terremoto reveló la inexistencia de una sociedad civil organizada, porque el propio Estado, la Constitución, el modelo económico y los partidos políticos se han encargado sistemáticamente de destruirla: trabajadores con baja sindicalización, estudiantes desmovilizados, organizaciones vecinales frágiles, consumidores esclavos de tarjetas de crédito usureras, medio-ambientalistas mirados con desconfianza, defensores de la ciudad que no son escuchados. En ese cuadro, la apelación a las FF.AA. para que disciplinara a los civiles, que asediaban supermercados, desesperados por la falta de alimentos o domesticados por el hiper-consumismo, parecía un asunto natural.

La economía, la política y el sistema social existente han instalado el estado mínimo en Chile, con el argumento que el mercado y la empresa privada tienen la tarea de resolver todos los problemas de nuestra sociedad. Complementariamente, los medios de comunicación y las universidades se han encargado de reproducir a-críticamente lo existente, inventando fundamentos para exaltar el individualismo y desvalorizar la organización social. Así las cosas, las instituciones son funcionales a los poderosos y frágiles para los débiles. El terremoto puso al desnudo esta dramática realidad.

¿Quién paga la cuenta?
El desastre ha sido de envergadura. Paralización de la producción, en particular en las regiones del Maule y Bío-Bío; destrucción directa de actividades económicas, viviendas, infraestructura vial, puertos, astilleros, caletas, puentes y pasos de nivel; y, serio deterioro de escuelas, hospitales y edificios de la Administración Pública. Los costos públicos para la reconstrucción han sido estimados en US$ 10.000 millones, pero la existencia de algunos seguros comprometidos y el auto-elogio de Piñera que su accionar será muy eficiente, lo reduce a US$ 8.431 millones.

La propuesta de financiamiento para la reconstrucción tiene orígenes diversos: impuestos, donaciones, reasignaciones presupuestarias, enajenación de activos del Estado, deuda externa, deuda interna y la utilización del fondo de recursos que se ha acumulado en el exterior (FEES), gracias al alto precio del cobre. No podía ser de otro modo considerando la envergadura de la catástrofe.

La utilización equilibrada del FEES y deuda externa, combinado con deuda interna, parece positivo en tanto limita la sobrevaloración del peso, lo que resulta razonable para una economía exportadora como la chilena. En efecto, una pérdida adicional de competitividad de las ventas en el exterior puede resultar muy delicada para medianos y pequeños exportadores, que ya se encuentran afectados por el bajo valor del dólar. En realidad, el dólar bajo beneficia a los empresarios más fuertes, endeudados en dólares en el exterior.

En segundo lugar, la ley ya aprobada de donaciones, con sólo dos abstenciones, revela escasa reflexión de los diputados sobre la materia. En este caso, las estimaciones varían entre US$ 300 y US$ 400 millones durante dos años, lo que permitirá a las empresas cargar a sus gastos hasta un 40% de las donaciones anuales. Pero, esta iniciativa obliga a ciertas reflexiones. Por una parte, el Comité Ejecutivo que resuelve la asignación de las donaciones estará constituido por personas nombradas por el Presidente, lo que limita su control; y, más inquietante aún es el hecho que ni los municipios ni tampoco los damnificados, afectados por el terremoto, tienen participación en los proyectos de reconstrucción.

Por otra parte, resulta discutible el margen de maniobra de los propios donantes, los que pueden determinar directamente la orientación de sus aportes para obras específicas. Ello resulta peligroso, ya que servirá para construir escuelas y hospitales de Legionarios de Cristo, Opus Dei y similares iniciativas reproductoras del pensamiento conservador, a costa del terremoto y de los damnificados.

En tercer lugar, se ha decidido apelar también a reasignaciones presupuestarias, las que cifran en US$ 700 millones. Desvestir un santo para vestir a otro constituye un grave error y es extremadamente injusto. En efecto, extraer recursos de proyectos concebidos antes del terremoto para favorecer el desarrollo de sectores pobres y con ellos financiar ahora a a los damnificados atenta contra los débiles y puede afectar seriamente a varias regiones. Un ejemplo de ello es el proyecto para compensar el desastre que se ha producido con el salmón, que ha permitido financiar becas e iniciativas de trabajo para las familias de trabajadores desempleados.

El proceder debe ser otro. Obtener recursos de los sectores más pudientes de nuestro país, para no empobrecer aún más a quienes no siendo damnificados sí necesitan apoyo del Estado.

En cuarto lugar, se ha hablado bastante, aunque sin cuantificaciones, sobre la enajenación de bienes del sector público. Ello es consistente con la tesis de la derecha del Estado mínimo. Sin embargo, seguir reduciendo los activos del sector público debe ser rechazado, precisamente porque el terremoto puso en evidencia que las ineficaces respuestas a los damnificados se explican en gran parte por los escasos recursos del Estado, la ineficiencia del sector privado y su falta de regulación.

Más grave aún sería avanzar indirectamente en la privatización de Codelco, mediante el subterfugio de vender la planta gasificadota de Quintero, que ha sido una tentación persistente de empresarios voraces.

En quinto lugar, el componente impositivo es el que ha causado mayores sorpresas y controversias. Sorpresas, porque la Concertación nunca imaginó que Piñera aplicaría impuestos para financiar la reconstrucción. En realidad, los gobiernos de la Concertación no quisieron o tuvieron temor de impulsar modificaciones impositivas en sus 20 años de gobierno.

Ahora, resulta que un gobierno de derecha, de los mismos empresarios, opta por impuestos directos a las empresas, aumento de contribuciones a las propiedades superiores a 100 millones de pesos, una mayor tasa al tabaco y el incremento del impuesto específico a la minería del cobre, éste a cambio de la extensión de la invariabilidad tributaria.

Las modificaciones impositivas son, en efecto, acotadas en el tiempo y para el propósito específico del terremoto. Por tanto, no se trata de un cambio tributario trascendente, que apunte a mejorar la distribución del ingreso, favorecer equilibrios sociales o frenar la concentración del poder económico. Pero, de todos modos, esta iniciativa sorprendió a la Concertación a tal punto que el Presidente del Partido Socialista, Fulvio Rossi, llegó a señalar que ello convertía a su adversario Piñera en aliado. Una concesión gratuita del senador ya que hay varios aspectos discutibles en la propuesta de Piñera.

La osadía impositiva del Presidente y de su Ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, es destacable. Señal de pragmatismo económico y flexibilidad política. Pero ello no puede impedir la crítica, tarea insoslayable en toda democracia. No obstante, ésta tampoco debe abordarse desde la demagogia, centrando la argumentación en que la reforma tributaria debe ser permanente.

Lo que corresponde es revisar en su mérito el financiamiento impositivo para la reconstrucción, pero sin renunciar a futuro a una efectiva reforma tributaria que favorezca el desarrollo equitativo de Chile. Pero, esa es tarea de la sociedad civil ya que la Concertación no tiene autoridad moral para defender una postura a la que renunció en sus veinte años de gobierno.-

En realidad, la crítica más importante que se puede hacer al componente impositivo para financiar el terremoto es el “nuevo royalty” (impuesto específico en sentido estricto). Su atadura a una invariabilidad tributaria por ocho años tiene tanta trascendencia, que debiera discutirse ampliamente en las distintas organizaciones de la sociedad civil, porque es una materia que hipoteca el futuro de las generaciones venideras y pone en cuestión el tipo de desarrollo de nuestro país.

Nuevamente, para la Concertación este es un tema difícil de desafiar, porque precisamente bajo el gobierno del Presidente Lagos se implementó el mismo procedimiento de invariabilidad tributaria por quince años y a cambio de modestos recursos para el Estado. La invariabilidad tributaria promoverá la superexplotación de la principal riqueza de Chile, privilegiando la protección de la actividad minera en desmedro de otros sectores productivos.

Además, no se puede olvidar que el cobre es un recurso no renovable y su explotación tiene manifiestos impactos medioambientales. Y todo ello es muy discutible.

A la perplejidad de la Concertación se agrega el descontento de los economistas conservadores, el Instituto Libertad y Desarrollo y dirigentes connotados de la UDI. El senador Novoa llegó al extremo de señalar que este era un asunto de valores y que “En política uno tiene que reafirmar los valores propios y no los del adversario”.

Curiosa afirmación ya que más bien el asunto impositivo tiene que ver con intereses y relaciones de poder.

Adicionalmente, en los descontentos de derecha existe el argumento reiterado que todo impuesto, en cualquier momento y lugar, afecta el crecimiento y el empleo. Crítica discutible cuando la heterodoxia y la revalorización del pensamiento keynesiano se reincorporan a la cátedra e inspiran actualmente las políticas públicas, tanto en Europa como en los Estados Unidos.

En realidad, el mayor gasto público de la reconstrucción estimulará la actividad económica, con probables efectos positivos en el empleo. En consecuencia, ni las visiones económicas ortodoxas ni tampoco la defensa de los intereses de la gran empresa, ocultos bajo el manto de la técnica, resultan acertados. Los críticos de derecha se someterán a la iniciativa de Piñera, ya que en una segunda reflexión se darán cuenta que sus intereses ideológicos y económicos están bien protegidos.

En efecto, el breve periodo que durará la transitoriedad impositiva se compensará con el largo periodo de protección a la gran minería del cobre, gracias a la extensión de la invariabilidad tributaria.

A final de cuentas, hay que reconoce que ese tercio de financiamiento que se utilizará para enfrentar los costos del terremoto, con origen en cambios impositivos, le ha otorgado el primer triunfo a Piñera como gobernante.

Sin embargo, el terreno estaba previamente abonado, gracias a las propias debilidades de la Concertación y a la frágil postura de la UDI y de los economistas ortodoxos, los que tienden a perder posiciones frente ala avance de la racionalidad y el pragmatismo.

¿Quién hace la reconstrucción?
Pero quizás lo más importante en la iniciativa del gobierno de Piñera es quién hace la reconstrucción y para quién se hace. Los damnificados deben ser los beneficiados y también los participantes directos en el proceso de reconstrucción.

En consecuencia, es preciso rechazar tentaciones e iniciativas, ya en curso, que buscan privatizar el proceso de reconstrucción, mediante el sistema de concesiones para reponer escuelas y hospitales y además administrarlos. Este negocio, a favor de los grandes empresarios, no es aceptable.

Se requiere, al contrario, potenciar el sector público, fortalecer sus capacidades y mejorar formas de regulación allí donde intervienen los privados. Además, un sector público fortalecido dará garantías de un mejor SHOA y ONEMI, para no repetir errores en un eventual próximo terremoto, que expertos anuncian cercano en el norte de Chile.

En segundo lugar, ante la fragilidad ideológica y política de la oposición, la reconstrucción y la propia democracia tendrán que depositar su confianza en la recomposición del movimiento social y sus organizaciones. En consecuencia, será necesario desplegar todo tipo de iniciativas que favorezcan la participación de la sociedad civil y de los propios damnificados.

Ello dará confianza y garantías a los propios afectados, los que así sentirán que los proyectos de reconstrucción les pertenecen y no son sólo negocios para interés de la empresa privada. Además, una mayor y mejor organización de la sociedad civil es una tarea permanente para la construcción de un país más democrático.

En tercer lugar, la reconstrucción tiene que ayudar a la recuperación de la actividad económica y muy especialmente favorecer la reducción del desempleo. Ello obliga a colocar la prioridad de los proyectos en la pequeña y mediana empresa y no en las importaciones de paquetes “llave en mano” o en la gran empresa.

Adicionalmente, una concepción de este tipo ayudará a industrializar el Bío-Bío y el Maule, lo que favorecerá su desarrollo a futuro, más allá de la coyuntura actual.

En suma, con un sector público cuantitativa y cualitativamente superior, una empresa privada en el lugar que le corresponde y una sociedad que potencie su organización se podrá reconstruir de verdad el país, y con seguridades y garantías para los damnificados.

Ello al mismo tiempo hará más democrático a nuestro país y ayudará a conformar el necesario contrapoder frente a la hegemonía abrumadora de los Grupos Económicos y su actual representación política.

28 de abril, 2010