Los recientes resultados de la encuesta CASEN confirman, una vez más, la alta concentración del ingreso existente en el país. El quintil de los hogares más ricos recibe el 57,3% de los ingresos mientras el más pobre percibe sólo el 3,7% del total. Por tanto, el 20% de la población más rica gana 15,5 veces más que el 20% más pobre, lo cual refleja un dramático aumento de la desigualdad en la década del noventa. Con estas cifras Chile se acerca peligrosamente a Brasil, país con el récord de más mala distribución del ingreso en el mundo.
Economistas y políticos, desde la derecha hasta la izquierda parlamentaria aplauden o, al menos, aceptan las bases estructurales del patrón de desarrollo existente en Chile, vale decir: la apertura hacia el mercado mundial, el retiro del Estado de la actividad productiva y el papel predominante del mercado en la asignación de recursos. También coinciden en el manejo macroeconómico, con superávit fiscal y control riguroso de la oferta monetaria. Así las cosas, existe en el país una suerte de consenso ideológico tanto sobre las bases estructurales del patrón de desarrollo como respecto del manejo de la política económica.
Existe un reconocimiento generalizado de que los resultados económicos del patrón de desarrollo vigente han sido notables. El crecimiento alto y sostenido desde hace quince años no tiene precedentes en la historia de Chile, como tampoco lo tiene la tasa de inflación de un dígito en los últimos cinco años. La caída en el ritmo del crecimiento de los últimos dos años, aunque ha provocado inquietud, no ha llevado a políticos y economistas a cuestionar las bases del patrón de desarrollo ni tampoco la esencia del manejo fiscal y monetario, lo cual es prueba adicional del convencimiento en torno a éste y de la firmeza del consenso ideológico.
Las coincidencias ideológicas existentes en torno a las bases del patrón de desarrollo y a la política macroeconómica no se reproducen de manera similar en la política social.
Para la derecha, los gobiernos de la Concertación no han impulsado avance social alguno en el país. Ésta sostiene que la reducción de los índices de pobreza, desde un 45% en 1987 al 22% en 1998, resulta insuficiente dado el alto crecimiento económico y los inmensos recursos con que han contado los dos gobiernos de la Concertación. En cuanto a la mala distribución del ingreso, más allá de la crítica política coyuntural, a la hora de la verdad, sus ideólogos y economistas argumentan que éste no es un tema mayormente relevante y que lo importante es el mejoramiento absoluto del ingreso y no los términos relativos del mismo.
En realidad, el discurso de la derecha, siempre coincidente con el de los empresarios, se resume en que la mejor política social es el crecimiento y la generación de empleo.
Entre los economistas y políticos adscritos a la Concertación se pueden observar diferencias sobre la política social que han impulsado los gobiernos de Aylwin y Frei. Desde luego no todos comparten que el avance social del país ha sido plenamente exitoso. Las diferencias radican precisamente en la relevancia que unos y otros atribuyen a la mala distribución del ingreso y a las formas de atacarla.
Para unos, el mejoramiento en la distribución del ingreso vendrá, a largo plazo, con la reforma educacional. Se argumenta que con más años de enseñanza y superior calidad de ésta se debiera facilitar un acceso a puestos de trabajo mejor remunerados y con ello las familias de bajos ingresos mejorarán su posición relativa en la distribución. Para otros, en cambio, resultan lentas e insuficientes las medidas de mejoramiento de la distribución fundadas exclusivamente en la educación. De hecho, hay que reconocer que no sólo en Chile, sino en toda América Latina, se ha elevado notablemente en los últimos veinte años el número promedio de años de estudio de la población y, sin embargo, ello no ha tenido una correspondencia con el mejoramiento en la distribución del ingreso.
En realidad, existen varios factores, y no sólo la educación, que en los anos noventa han incidido en la mala distribución del ingreso: la alta concentración patrimonial; el debilitamiento de la capacidad negociadora de los trabajadores; la extensión del sector informal de la economía; y, el perfil demográfico de los hogares. Sobre éstos no será fácil encontrar coincidencias.
En primer lugar, si se desea aminorar la concentración patrimonial resulta inevitable una discusión sobre el sistema impositivo. Éste, basado principalmente en las recaudaciones que genera el IVA y con un límite de 15% a las utilidades de las empresas, se presenta como un sistema muy regresivo que tiende a perpetuar la desigualdad en el ingreso. Insistir en la captación de mayores recursos para el Estado sobre la base de enfrentar la evasión es, por cierto positivo, pero no ayuda a resolver el problema distributivo.
En segundo lugar, la denominada flexibilidad laboral sólo ha favorecido la posición competitiva de los empresarios en el mercado internacional, pero escasamente ha servido para que los beneficios de la internacionalización se repartan equitativamente entre trabajadores y empresarios. El país no puede seguir eludiendo una reforma a la legislación laboral que coloque en posición de equilibrio negociador a las dos partes que componen la comunidad de la empresa.
En tercer lugar, cuando el aporte en la generación de empleo del sector informal representa el 50% en el país y, prácticamente, se ha convertido en el receptáculo de la fuerza de trabajo expulsada por el sector moderno, se precisa una política de envergadura, no marginal como ha sido hasta ahora, para aumentar la productividad, la calificación, y la información de la microempresa y de los trabajadores por cuenta propia. Aceptar la globalización y la modernización del sector exportador no puede ocultar el hecho de que precisamente en los sectores “atrasados”de la economía y en la informalidad se encuentra el mayor contingente de la fuerza de trabajo.
Finalmente, aun cuando la transición demográfica constituye una realidad en Chile, no es menos cierto que existen notables diferencias en la composición de la familia de acuerdo con el nivel cultural y de ingresos de ésta. La escasa información sobre sexualidad y métodos anticonceptivos, consecuencia de la imposición de una cultura conservadora, impiden a las personas modestas tomar decisiones fundadas en torno al número de hijos y al mejor momento para procrear.
Atender debidamente estos cuatro aspectos, paralelamente a la reforma en la educación, constituye un desafío de primera importancia para reducir la brecha entre ricos y pobres. No sólo la razón ética nos obliga a preocuparnos del tema, sino también la viabilidad política y económica del país.
Existe un peligro inminente con la mala distribución del ingreso, que políticos y empresarios no pueden seguir eludiendo. El alto consenso ideológico existente en el país sobre las bases estructurales del patrón de desarrollo y en materias macroeconómicas puede romperse si no se atacan las desigualdades, entre las cuales la política social y, en particular, la mala distribución del ingreso representa el principal desafío.
10/12/2008
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