2002 : ¿AÑO DE LA PROBIDAD?

El 2002 no ha sido el año de la probidad, como curiosamente lo calificara el vocero del gobierno, Heraldo Muñoz. Cinco parlamentarios desaforados por el “caso coimas” enfrentarán la Justicia como simples mortales al igual que el ex-Subsecretario Tombolini, mientras que al ex-Ministro Cruz se le ha negado la libertad bajo fianza y permanece en Capuchinos por el caso GATE. La probidad no está a la orden del día. Más bien, crece la sospecha por indebidos vínculos entre la política y los negocios y por la utilización de recursos públicos para financiar campañas electorales. Mientras la prensa ha liderado las denuncias, el gobierno se encuentra acorralado con estos escándalos. Y, para bien de la ciudadanía, Aranguiz parece haber tomado el camino del juez Garzón. 

El gobierno y los partidos de la Concertación no han sabido enfrentar los hechos que tienen en vilo al país desde hace tres meses. Ambos se han caracterizado por su inconsistencia y errores comunicacionales. En la polémica Avila-Andrés Zaldivar por la ley de pesca, La Moneda comprometió su solidaridad con el Presidente del Senado mientras la opinión pública se alineaba con el senador disidente. Girardi, a su turno, no escatimó esfuerzos para expulsar a Avila de las filas del PPD, contradiciendo el espíritu del león defensor de los ciudadanos, símbolo electoral del PPD. De hecho, el gobierno y el PPD cerraron filas tras Zaldivar, legitimando la existencia de vasos comunicantes entre los Grupos Económicos y dirigentes políticos. 

Luego del “caiga quien caiga”, que le significó a Tombolini su crucificción, el gobierno decidió apoyar a Carlos Cruz, con una ofensiva que se ha proyectado más allá de la comprensible “solidaridad humana”, anunciada por el Presidente. El tratamiento diferenciado que se ha otorgado a las dos ex-autoridades son difíciles de explicar ante la opinión pública y frente a los propios Tribunales de Justicia. 

Por otra parte, la Mesa del Partido Socialista mostró su esquizofrenia al colocar las “manos al fuego” por el diputado Letelier mientras declaraba su distanciamiento de Carlos Cruz. En medio de tantas señales contradictorias, el presidente de la DC, Adolfo Zaldivar, ha sido el más consistente en los casos coimas y GATE al defender firmemente la tesis “hay que dejar que funcionen las instituciones”. 

Cuando los empresarios entregan dineros para las campañas electorales no lo hacen con ingenuidad ni buena voluntad. Tienen el propósito de obtener algún favor determinado para su negocio: mantener o modificar alguna ley; permitir la emisión de algún decreto; ser beneficiario de algún contrato. Así las cosas, la política se ve seriamente dañada y sus dirigentes pierden independencia de acción cuando aceptan dineros de los empresarios nacionales, de las transnacionales e incluso de “organizaciones políticas amigas”. El daño es más grave aún cuando se malversan dineros fiscales, de propiedad de todos los chilenos, para beneficiar alguna campaña política. Tales procederes no sólo son éticamente repudiables, ilegítimos y, en muchos casos, ilegales, sino también dañan el funcionamiento interno de los partidos. 

El poder que da el dinero a “los receptores” los convierten en operadores privilegiados al interior de las organizaciones políticas, con facultades para colocar dirigentes y digitar candidatos parlamentarios afines a su pensamiento y lógicas de poder. Cuando el dinero reemplaza convicciones y doctrinas en las mismas organizaciones partidarias, la destrucción de éstas es inevitable. 

Lamentablemente, la Concertación ha sido incapaz de enfrentar este sistema perverso y más bien se ha acostumbrado a él. Muchos de sus personeros, en vez de utilizar sus energías en acorralar a la derecha para aprobar leyes de transparencia electoral que disminuyan el poder del dinero en la política, han desplegado sus mejores esfuerzos cultivando relaciones personales y sociales con ejecutivos y cabezas visibles de los grupos económicos, locales y extranjeros. 

Por otra parte, el gobierno y la Concertación han aceptado que sus ex-Ministros, ex-Subsecretarios, jefes de servicios y ex-Superintendentes al terminar sus funciones se conviertan en miembros de los directorios de AFP, ISAPRES y de las más diversas empresas. 

Además, no han cuestionado que tales autoridades asuman el rol de lobbistas de privados y que simultáneamente transiten a sus anchas por las oficinas de ministerios o que cumplan también cumplan el doble papel de asesores de ministros y lobbistas. 

Es preciso terminar con esos vasos comunicantes entre lo público y lo privado. La ciudadanía desea recuperar la decencia que conocimos en el pasado, aquella que nos enseñaron nuestro padres. Es cierto que la pasión por el dinero que caracteriza al neoliberalismo se infiltra por todas partes y corrompe a los espíritus frágiles y ambiciosos. 

Pero, si no se realiza un esfuerzo nacional para evitar la corrupción caeremos en las mismas situaciones que tanto hemos criticado a nuestros vecinos. Lo más importante es, sin duda, asegurar el financiamiento público de las campañas políticas. Todos los ciudadanos chilenos deben asumir el costo que significa una política sana y equitativa para todas las organizaciones que compiten electoralmente. En segundo lugar, se requiere transparencia absoluta en los contratos que externalizan (outsourcing) los ministerios y empresas del sector público, con páginas web que informen abiertamente sobre todos los aspectos sustantivos de los contratos. En tercer lugar, se precisa una legislación que impida a las autoridades salientes del sector público a asumir contratos con el sector privado antes de tres años de su retiro. En cuarto lugar, se deberá acordar que senadores y diputados no podrán discutir y votar leyes cuando se encuentran involucrados sus intereses personales. 

Finalmente, el lobbismo debe ser declarado ilegal y sólo permitir que personal contratado por las empresas privados puedan plantear sus demandas ante el gobierno y el parlamento. 

15-01-03