miércoles, 22 de diciembre de 2010

Confusión público-privada

El crecimiento de la educación privada es un fenómeno propio de las dos últimas décadas. El peso de ésta y el intento de confundirla con la educación pública obedece al adelgazamiento de las funciones del estado y al desplazamiento de la responsabilidad de éste hacia el mercado, los padres de familia y los maestros. Así las cosas, el resultado inevitable es que un menor ingreso familiar resultará en una mala educación, lo que naturalmente afecta al conjunto de la sociedad y no sólo a los jóvenes pobres.

En nuestro país, las universidades de la cota mil tienen su propia red de relaciones en los grupos económicos, la bolsa de comercio y la banca. Las familias de los ricos juntan su capital social y se lo entregan generosamente a sus hijos. Esas universidades forman a sus jóvenes exclusivamente para las necesidades de la iniciativa privada, dejando de lado la preocupación por el desarrollo nacional. En consecuencia, cuando prima el interés individual y la crítica no está presente la orientación docente favorece la formación profesionalizante.

En el pasado la enseñanza pública, y sus universidades, marcaban claras diferencias con la privada. Ello fue resultado del conjunto de demandas sociales de las élites políticas, intelectuales y de movimientos sociales emergentes proclives a la democratización del país. La instalación del carácter público, laico y gratuito de la enseñanza favoreció un consenso básico y un fundamento cultural común, que permitió durante todo el siglo XX mantener ciertos niveles de cohesión social. Al mismo tiempo, la educación pública promovió con firmeza la defensa de valores como la crítica, la tolerancia y el respeto a la diversidad, alternativa al fundamentalismo religioso y al pensamiento único que estrangulaban el saber.

Consecuentemente, se afinó el espacio educativo por medio de leyes y reglamentos que unificaron la educación, con adecuados controles sobre establecimientos y maestros. Y, los particulares se vieron obligados a someterse a la vigilancia del Estado.

Los tiempos han cambiado y durante las tres últimas décadas se ha restado prioridad a la enseñanza pública, valorizándose más bien el negocio privado en educación, incluidas las universidades. Así las cosas, las universidades públicas se encuentra afectadas no sólo por el exiguo presupuesto que se les asigna, sino también por una acción mucho más devastadora, que apunta al desprestigio de “lo público”.

Por tanto, las universidades públicas, o aquellas privadas con vocación pública, se ven obligadas a defenderse cobrando elevados aranceles y además apelando desesperadamente a su tradición para competir con las casas de estudio de la cota mil.

Vamos por un camino equivocado. El debilitamiento de la universidad pública obedece principalmente a las exigencias que le impone la economía de mercado, pero también a la falta de una plan estratégico universitario ligado al desarrollo del país, así como a la existencia de un presupuesto exiguo que no permite cumplir adecuadamente las actividades académicas y menos la extensión del conocimiento científico y humanístico hacia la sociedad.

Es claro que no hay inversión efectiva en educación e investigación. Pero, es más claro aún que no hay voluntad política para que la universidad cumpla la función que le compete: ser el pensamiento crítico de la sociedad.

Ello explica la confusión entre lo público y lo privado.

Junio, 2010.

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