El nuevo patrón de desarrollo vigente en Chile se caracteriza por la apertura de la economía al mercado mundial, el retiro del Estado de la actividad productiva, el papel predominante del mercado en la asignación de los recursos y la reducción de las regulaciones económicosociales. La política macroeconómica otorgó primera prioridad a asegurar los equilibrios fiscales y el orden monetario. La política social, en correspondencia con el control del gasto, terminó con la universalidad y abrió paso a las intervenciones focalizadas, dirigidas a atender las carencias consideradas estrictamente indispensables.
Este nuevo patrón de desarrollo, aunque logró la recuperación del crecimiento con reducción de la pobreza, especialmente con los gobiernos de la Concertación, amplió las desigualdades sociales y acentuó la vulnerabilidad en la vida de las personas. La mayor en la concentración del ingreso, la precariedad del empleo, la segmentación de los servicios de educación y salud, la debilidad negociadora de los trabajadores, la reorientación de los sistemas de previsión desde lógicas colectivas a formas de cotización individual y el debilitamiento de las formas tradicionales de organización sindical son las expresiones negativas de la nueva realidad social.
En este marco, y con la alta prioridad que se ha atribuido al manejo macroeconómico, ha resultado difícil encontrar una estructura institucional que sea apropiada para diseñar y aplicar la política social. El marco institucional actual ha resultado francamente inoperante para enfrentar como un todo la nueva y compleja realidad social que ha emergido con la consolidación del patrón de desarrollo vigente.
La debilidad del Ministerio de Planificación, y la majadera recurrencia a los comités y comisiones, para intentar coordinar iniciativas sociales que difícilmente se concretan es prueba de ello. Por ello se necesita una autoridad y no una instancia de coordinación.
Una moderna institucionalidad para la política social debiera enfrentar desafíos tan relevantes como : coordinar las políticas de salud, educación, vivienda y previsión social (vale decir las sectoriales) con aquellas dirigidas hacia los grupos vulnerables; establecer la convergencia entre el punto de vista territorial y el del gobierno central; articular los esfuerzos públicos y los privados; encontrar la convergencias entre las iniciativas de la comunidad y el estado; y, especialmente lograr el entendimiento entre la instancias públicas del ámbito social, del económico y del político.
Para responder a tales desafíos parece imprescindible establecer una verdadera autoridad social, con un papel rector y coordinador que supere la actual dispersión de los programas y el escaso peso político del área social. Esta autoridad debe tener la capacidad y el poder suficientes para dialogar en un mismo plano con las autoridades políticas y económicas del país.
La autoridad social puede tener la forma de un ministerio de desarrollo humano o de desarrollo social, bajo cuya dirección debieran estar tanto las políticas sectoriales como aquellas en favor de los grupos vulnerables.
Una autoridad social, con el mismo peso que la económica y que la política permitirá que en el conjunto del sector público se exprese esa imprescindible búsqueda de equilibrios entre los tres ámbitos centrales de la acción gubernamental. Además, es necesario que la estructura institucional cuente con un alto grado de descentralización territorial para diseñar y ejecutar los programas sociales en las regiones y municipios.
Requiere, además, de un efectivo vuelco hacia la sociedad civil para incorporar sus potencialidades y recursos en favor del desarrollo social.
Ha llegado la hora de reconocer que tanto la superación de la pobreza así como la reducción de las desigualdades y de la vulnerabilidad de las familias tienen implicaciones políticas muy serias (evitar inestabilidades) y una alta significación económica (mejorar la competitividad sistémica).
Este reconocimiento junto a la urgencia ética de enfrentar los rezagos sociales obligan a precisar la estrategia, con una apropiada institucionalidad. Desde esta perspectiva, resulta fundamental que se establezca una autoridad social con el mismo peso de la autoridad política y la autoridad económica.
Diciembre, 1999
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