Los impuestos de Piñera

El financiamiento para la reconstrucción decidido por el Presidente Piñera ha dejado al desnudo a la Concertación y sorprendido a la derecha más conservadora. En efecto, la Concertación, los economistas del establishment, el instituto Libertad y Desarrollo y la mayor parte de personeros de la UDI no esperaban que buena parte de los recursos para enfrentar los daños del terremoto provendría de impuestos directos a las empresas, un aumento del royalty a la minería del cobre (en sentido estricto impuesto específico) y de las contribuciones de propiedades con valor superior a cien millones de pesos. 

Piñera ha optado por cambios tributarios que la Concertación y sus gobiernos no quisieron o tuvieron temor de impulsar. Es cierto que se trata de modificaciones impositivas acotadas en el tiempo y para el propósito específico del terremoto. Pero, no se le puede pedir peras al olmo. Piñera no planteó en su programa de gobierno modificar el sistema tributario para mejorar la distribución del ingreso, favorecer equilibrios sociales o frenar la concentración del poder económico. 


Porque es justo reconocer que esa no es tarea de la derecha y sí compromiso de la Concertación. Ésta, teniendo mayoría en el Congreso no tuvo voluntad para realizar la reforma impositiva que nuestro país viene exigiendo a gritos. En ello radica probablemente buena parte del alejamiento de los sectores sociales que le dieron origen, razón de la derrota electoral y de su manifiesta crisis. 

En consecuencia, resulta difícilmente presentable que ahora los dirigentes de la Concertación enrostren a Piñera que su propuesta impositiva, dirigida específicamente a financiar los costos de la reconstrucción, debiera ir más allá y convertirse en reforma impositiva para cambiar el país. 


Pero, tampoco, como ha dicho el senador Fulvio Rossi, Presidente del Partido Socialista, esta iniciativa de financiamiento debiera convertir al adversario en aliado. Porque, en realidad, el paquete de financiamiento que se enviará al Congreso tiene un aspecto muy delicado, que debiera ser objeto de amplia discusión: la invariabilidad tributaria para la gran minería, a cambio del “royalty dos”. 

En efecto, el “royalty dos”, una iniciativa de tanta trascendencia, debiera discutirse ampliamente en las distintas organizaciones de la sociedad civil, porque es una materia que compromete gravemente el futuro del desarrollo de nuestro país. Nuevamente, para la Concertación este un tema difícil de abordar, porque precisamente bajo el gobierno del Presidente Lagos se implementó el denominado “royalty uno”. En efecto, la generosa concesión por quince años de invariabilidad tributaria a las empresas del cobre, ahora se busca extender por ocho años más. El error de Lagos, que hipotecó injustamente el futuro de las generaciones venideras se vuelve a repetir con Piñera. 


La invariabilidad tributaria promoverá la superexplotación de la principal riqueza de Chile, privilegiando la protección de esa actividad minera en desmedro de otras actividades productivas. Además, no se puede olvidar que el cobre es un recurso no renovable y su explotación tiene manifiestos impactos medioambientales. Ello explica que haya crecido la preocupación a favor de la nacionalización del cobre como forma de protección del presente y futuro de los chilenos. 

También los economistas del establishment, el Instituto Libertad y Desarrollo y dirigentes connotados de la UDI se muestran perplejos con la propuesta Piñera. Por una parte, la argumentación de estos descontentos la resume el senador Novoa “En política uno tiene que reafirmar los valores propios y no los del adversario”. No es claro, sin embargo, cuales han sido los valores distintos que en materia impositiva han sostenido los dirigentes de la Concertación. 

Por otra parte, en los descontentos de derecha existe el argumento reiterado, aunque con base real incierta, de que todo impuesto, en cualquier momento y lugar, afecta el crecimiento y el empleo. Crítica superada hoy día, cuando la heterodoxia y la revalorización del pensamiento de Keynes ya se encuentran instaladas en la cátedra y en las políticas públicas, tanto en Europa como en los Estados Unidos. Entonces, no debieran existir dudas que el mayor gasto público de la reconstrucción estimulará la actividad económica y la demanda, con efectos positivos en el crecimiento y empleo. 


Ni las visiones económicas ortodoxas ni tampoco la defensa de los intereses de la gran empresa, encubiertos bajo el manto de la técnica, resultan razonables. Los críticos de derecha tendrán que someterse a la iniciativa de Piñera, reconociendo al fin que sus intereses ideológicos y económicos apenas sufrirán mella por el breve periodo que durará la transitoriedad impositiva y al mismo tiempo se verán beneficiados con el largo periodo de protección a la minería. 

En suma, ese tercio de financiamiento que se utilizará para enfrentar los costos del terremoto, con origen en cambios impositivos, ha colocado desafíos políticos complejos tanto a la Concertación como a la propia derecha. Es verdad, que en el tablero actual el triunfo Piñera es manifiesto, pero se trata de un triunfo fácil, con terreno previamente abonado, gracias a las propias debilidades de la Concertación y a la frágil postura de la UDI y de los economistas defensores del modelo vigente. 

En definitiva, en el marco de la crisis política en curso, los partidos tradicionales tienen poco que ofrecer ante la fuerza incontrarrestable de un Poder Económico que controla todas las esferas de la sociedad chilena y que ahora se ha instalado en el propio gobierno. Ante la fragilidad ideológica y política de la oposición, la democracia tendrá que confiar en la recomposición del movimiento social y de sus organizaciones, para disputar directamente con el gobierno de Piñera sus políticas públicas. 


En las condiciones actuales, la conformación de un contrapoder fundado en la sociedad civil organizada resulta indispensable frente a la hegemonía abrumadora del Poder Económico y su representación política. 

20-04-10