La historia continuó con el gobierno del Presidente Lagos. En el 2003 se abrió camino a la privatización completa de las sanitarias, al eliminarse en el Parlamento la obligación legal que el sector público mantenía con el restante 35%. En ese momento se sostuvo el argumento que los recursos de la venta de esos activos asegurarían objetivos sociales prioritarios, entre los que se destacaba atender la pobreza extrema mediante el Chile Solidario. Ahora, Lagos esgrime un argumento distinto: era una exigencia de la Unión Europea para poder suscribir el TLC. De mal en peor, ya que si la propiedad de los recursos naturales de nuestro país era condición para ese acuerdo comercial más valdría no haberlo firmado.
La controversia provocada por la iniciativa de Piñera se parece a la que se produjo algunos meses atrás en torno al aumento del impuesto específico (royalty) a las empresas cupríferas a cambio de una extensión a la invariabilidad tributaria. También parlamentarios de la Concertación en esa oportunidad cuestionaron la invariabilidad tributaria, a pesar que el mecanismo había sido inventado y materializado por iniciativa del gobierno Lagos. Al final de cuentas los parlamentarios de la Concertación aprobaron la extensión de la invariabilidad tributaria a favor de las empresas del cobre.
Al igual que en el caso del royalty, el discurso actual de la Concertación se encuentra atrapado en los errores del pasado. En gran parte, el deterioro político del actual bloque opositor obedece a su falta de consistencia entre lo que hizo cuando era gobierno y su actual comportamiento. Así las cosas, la derecha ha visto facilitado su camino, continuando la tarea privatizadora que impulsó el gobierno cívico-militar y que es componente de su doctrina.
Pero los tiempos han cambiado. El modelo económico y las privatizaciones, aceptado dócilmente durante los 20 años de Concertación, encuentran críticos crecientes y hace agua en el caso de las sanitarias. La sociedad civil, varios países en la región y la misma Naciones Unidas reivindican el acceso a las aguas como un derecho humano inalienable por sobre cualquier interés comercial. Así lo consigna la Resolución de la Asamblea General del 28-07-10, promovida por el gobierno boliviano, mientras Argentina recuperó las sanitarias para el sector público. Ello es relevante en momentos que la humanidad acrecienta su preocupación por el calentamiento global, cuando las aguas se convierten en un recurso estratégico que obliga a los estados a su administración como bien público y para aprovechamiento público.
En Chile, hasta ahora, la lógica es otra. La Constitución de 1980 y el Código de Aguas establecen que las aguas son un bien público de aprovechamiento privado. Para revertir esta situación, se requeriría una reforma legislativa y nuevas políticas públicas sobre las aguas para privilegiar las necesidades de la población por sobre los intereses de las empresas. En consecuencia, hay que apuntar a resguardar el derecho al agua como un recurso básico para la vida, en vez de promover su mercantilización y privatización.
26-12-10
Se sabe que las aguas dulces especialemte, son un bien cada vez más escaso. Quien tenga el agua tendrá el poder. Poder que se ocupará para bien o para mal, de acuerdo a las manos en que se encuentre la propiedad del agua. Por cierto que es mejor que esté en las manos de la ciudadanía a través del Estado, para ello, tiene que cantar, eso si, otro gallo.
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