Asalto a los chilenos

Cuando a propósito de los ocho millones de dólares de la familia Pinochet The Clinic ironizó que el golpe de Estado tenía que ser interpretado como un asalto, la idea me quedó dando vueltas. Concluí, en realidad, que en Chile hubo un asalto, pero de la oligarquía. Las Fuerzas Armadas fueron su instrumento. Pinochet un oportunista, que creyó que sirviendo a los poderosos pasaría a la historia como uno más de ellos. Las platas del dictador deben ser investigadas, es cierto. Pero Pinochet sólo agarró las migajas. Fueron otros los que se han llevado la mayor parte de la riqueza. A estos les cabe una responsabilidad mayor. Son los que instauraron una nueva institucionalidad económico-social a partir de 1974 y cuyos resultados son la prueba manifiesta del verdadero asalto a que han sido sometidos los chilenos: concentración del poder económico, aberrante desigualdad y la indefensión de las familias que no fueron parte de la piñata. 

Ahora hay ricos de verdad, que aparecen en la revista Forbes (ahora y no antes), los verdaderos dueños del poder y la riqueza: Luksic, Angelini, Matte, Claro, Saihé y algunos otros. Tambien las transnacionales aumentaron inmensamente sus ganancias, se han llevado los recursos naturales y ni royalty nos han dejado. Los más vivos de la lumpen-burguesía se enriquecieron de la nada, eran empleados de las empresas del Estado y se sacaron la lotería con las privatizaciones, gracias a vínculos familiares y a servicios oscuros prestados al régimen: Yuraseck y Ponce Lerou, los más emblemáticos. 

Todo esto ha sido posible, primero por la fuerza de las armas que Pinochet puso a disposición de la oligarquía y luego por la vía de las leyes, el mercado y la nueva institucionalidad económico-social. Esa misma institucionalidad condenó a la vulnerabilidad y a la desesperanza a los trabajadores, permitiendo a sus patrones despedirlos por “necesidades de la empresa”, utilizando la “polifuncionalidad en la planta” para que los empleados de los supermercados sean una semana cajeros, otra semana barrenderos y la tercera payasos disfrazados de elefantes para alegrar a los hijitos de los compradores. 

Esta misma institucionalidad es la que hace posible que el capitalista grande pague una tasa de interés apenas del 3% por el crédito bancario mientras que al pequeño empresario le cueste 30%, porque este último no tiene nombre conocido, ni relaciones sociales, ni activos suficientes para respaldar los créditos solicitados. Todos no pueden emprender en las mismas condiciones. Ni tampoco todos pueden beneficiarse con financiamiento provenientes del bajo “riesgo país” que ha logrado el talento macroeconómico chileno; en realidad, este sólo les sirve a aquellos que pueden conseguir recursos en Wall Street, o sea los grandes empresarios. 

El mercado no los trata a todos por igual. Trata mal a los trabajadores y a los pequeños empresarios. En cambio favorece a los grandes capitalistas. Esto es posible además porque el Estado no ejerce su rol compensador con los débiles, no los atiende cuando estos reclaman, cuando exigen sus derechos. 

El asalto a los ciudadanos ha sido cotidiano en la salud y previsión con el incumplimiento de las AFP y las ISAPRES, con una educación que no entrega conocimientos básicos a los niños y jóvenes de la escuela pública, con la fijación de precios arbitrarios y pagos diferidos de los Supermercados a los pequeños agricultores, con acuerdos de precios oligopólicos del negocio farmaceútico en contra los pacientes, con valores a los consumidores que se triplican gracias a los recargos que imponen las tarjetas de crédito de Ripley, Falabella y Almacenes París. 

También los ciudadanos son asaltados todos los meses, cuando reciben las cuentas de teléfonos, del gas, de la luz, del agua. Uno nunca sabe lo que está pagando. Las compañías de teléfonos nos acusan de pornógrafos porque aparecen en las cuentas llamados que nadie a hecho a negocios que se dedican a cultivar el morbo telefónico; nos amenazan que el gas natural puede subir en cualquier momento porque a los argentinos se le está terminando; las empresas de electricidad inventan cálculos de pagos en que siempre pierde el consumidor; el agua aumenta sus precios porque las constructoras se olvidaron de los sistemas de aguas lluvias. 

Y, por último, apareció la TAG, esa cosa horrible que obliga a pagar a los automovilistas para transitar por las calles de Santiago, con el agravante que el mismo usuario tiene que hacer largas colas para conseguirla porque de otro modo será multado. 

¿ A quién reclamarle cuando siempre se le da la razón a los dueños de las empresas, antes públicas y hoy privatizadas? 

El golpe de Estado lo dieron las Fuerzas Armadas. Pero el asalto económico y social que sufrimos cotidianamente es responsabilidad directa de la oligarquía. Los gobiernos de la Concertación son responsables de no haber enfrentado esta lamentable situación. Así las cosas, el país marcha hacia la tragedia, hacia una peligrosa división de los chilenos. 

10-08-04