El ministro Eyzaguirre dijo a La Tercera (12-10-03) que “ Aquí hay un solo ministro que reune la plata (él mismo, por supuesto) y quince que la gastan..... Por eso hay países que han creado una suerte de vicepresidencia económica”. Lo que propone Eyzaguirre es institucionalizar ese poder que lo ha convertido de facto en una autoridad omnímoda. También era el sueño de Foxley y de Aninat. Es lo que les falta a los economistas del establishment para adueñarse del poder político, sin tener la molestia de ser elegidos por la ciudadanía.
Porque un vicepresidente económico a cargo de los ingresos y también con poder formal sobre las iniciativas y los gastos de todos los otros ministerios se convierte en el dueño de toda la gestión pública. Ya no sería la máxima autoridad detrás del trono en su condición de Ministro de Hacienda sino el trono mismo.
¡Y para que el Presidente, uno se pregunta!.
La franqueza del Ministro es brutal cuando fundamenta su propuesta: “ ...es difícil ser responsable (él, por supuesto) y popular a la vez. Y estoy en más sintonía con lo primero”
O sea, para Eyzaguirre la condición de ser Ministro de Hacienda lo obliga a ser responsable pero impopular. Según la lógica de Eyzaguirre sólo los irresponsables pueden representar intereses populares y, por tanto, los responsables (como él) representan otros intereses, o sea los que no son populares, vale decir los impopulares, parece que los de las minorías.
Lógica curiosa, pero al menos contiene un explícito reconocimiento de que su política económica no representa los intereses populares. A confesión de partes...
Más allá de la lógica de Eyzaguirre, lo que preocupa a la opinión pública es el inmenso poder que han tenido los ministros de hacienda en Chile, y también en otros países de América Latina. Ese poder, unido al modelo que han representado y defendido en los últimos veinte años, es el que ha condenado a nuestras sociedades a situaciones trágicas.
Ese poder sin contrapeso de los ministros de hacienda para implementar la concentración económica y la exclusión social ha provocado explosiones populares y desestabilización política en Argentina y en Bolivia.
¡Imaginémosnos, entonces, que a nuestros economistas del establishment les agregamos el título de vicepresidentes!
El Mercurio, el FMI y las transnacionales estarían felices, sin duda. Pero, con ello no sólo se sentirían menoscabados los ministros del área social y del área política del gobierno y el propio presidente de la República, sino que con toda seguridad esa nueva institucionalidad para asegurar la “responsabilidad” del Ministro de Hacienda no ayudaría mucho al desarrollo social y a la estabilidad política.
Cada vez convencen menos los ministros de hacienda que concentran todo su quehacer en una concepción contable de la economía. Es demasiado obvio que lo que se gasta no debe distanciarse de lo que ingresa al fisco. El nudo de la macroeconomía tiene que superar esta simpleza y desplegar algo de imaginación y un poquitín de valentía en encontrar la plata para el presupuesto allí donde verdaderamente se encuentra: en los altos ingresos de las personas, en las utilidades de las grandes empresas y en la recuperación de esos impuestos que no se pagan ( como sucede con la minería privada).
Mantener el equilibrio fiscal es cosa aceptada. Pero, la discrepancia radica en torno a como se financia ese gasto indispensable que requiere la salud, la educación, las pensiones y de que manera la política presupuestaria ayuda a reducir las desigualdades. Lo que quisiera la mayoría de la población chilena y, por cierto, los espíritus progresistas es que el financiamiento fiscal fuese proporcional a los ingresos que perciben las personas y las empresas, para lo cual los aumentos del IVA resultan contraproducentes y majaderos.
No es bueno para nuestros países que exista a nivel ministerial un primus interpares y que además desee que su posición privilegiada se institucionalice. La disciplina fiscal para que sea efectiva debe ser internalizada en el conjunto de la administración pública y no puede imponerse por la fuerza.
El Ministro de Hacienda no puede reivindicar sobre el resto de los ministros una mayor jerarquía y autoridad ya sea informal o formal, que sólo le corresponde al Presidente de la República. Éste es el que tiene el derecho, asignado por al ciudadanía, a compatibilizar y consensuar las prioridades existentes en el país, para lo cual el presupuesto fiscal constituye el instrumento privilegiado.
A diferencia de lo que propone Eyzaguirre, la institucionalidad pública debiera dar cuenta de ese indispensable equilibrio entre lo económico, lo político y lo social. Un Vicepresidente Económico no ayuda a aquello. El ordenamiento macroeconómico no tiene ningún sentido en sí mismo y puede ser completamente irresponsable si no va acompañado de una comprensión de las condiciones sociales y políticas que vive el país.
Por tanto, el diálogo y la discusión presupuestaria entre Hacienda y los ministerios sociales resulta fundamental para encontrar ese punto de equilibrio indispensable entre el crecimiento económico, la estabilidad de precios y el progreso social. Ese mismo diálogo, de igual a igual, debe producirse entre Hacienda y los ministerios políticos.
Difícilmente la tecnocracia que obtiene tanto placer observando las calificaciones de riesgo, los movimientos accionarios, las cuentas fiscales y monetarias, tiene calificaciones para juzgar las tensiones políticas, el movimiento de fuerzas internacionales y otros fenómenos de envergadura que pueden llegar a afectar o favorecer a nuestro país. Por tanto, no puedo sino decirle a nuestro Ministro de Hacienda: Eyzaguirrre a tus pasteles.
21-10-03
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