Los estudiantes han provocado un terremoto de efectos impredecibles. La actual lucha trasciende sus demandas, dejando en evidencia que lo que está en juego es la profundización de la democracia, hasta ahora insuficiente. Porque, al final de cuentas, no hay democracia efectiva si no se asegura el derecho igualitario a la educación y si no se garantiza la participación en construirla. Por ello, el entusiasmo generalizado en favor de los jóvenes y el apoyo decidido de sus padres y profesores.
Por otra parte, los estudiantes le están mostrando al país el poder de una ciudadanía organizada que exige sus derechos y le advierte al establishment político que puede llegar a sufrir la triste suerte de otros países de América Latina si sus demandas no son acogidas.
La Constitución Política garantiza la educación, pero en la práctica ésta ha servido para reproducir las desigualdades de origen que caracterizan a una sociedad con amplias brechas económicas y sociales.
Las reivindicaciones estudiantiles han apuntado contra la derecha política y sus economistas, los que instalaron la Ley Orgánica Constitucional Educacional (LOCE), un día antes que Aylwin asumiera el gobierno. Pero, también, han apuntado contra la desidia de los gobiernos de la Concertación por no haber tenido la voluntad política para modificarla, ni siquiera cuando se hicieron las reformas constitucionales que Lagos promulgó con tanto entusiasmo.
Los estudiantes han dicho, con razón, que la LOCE ha convertido a la educación en un negocio y en instrumento reproductor de desigualdades. Escuelas privadas para ricos, con una inversión de US$ 2.800 anuales por niño que cubren al 8,5% de los 3,6 millones de los estudiantes. El resto se las debe arreglar con los US$ 600 de inversión estatal por niño, ya sea en las escuelas privadas subvencionadas o en las municipalizadas.
Esta brecha en recursos explica la falta de alimentación en las escuelas públicas; la existencia de 45 estudiantes por aula, cuando la norma internacional indica que el máximo aceptable son 20.
Éstas, entre otras deficiencias, se han traducido en una diferencia abismal en la calidad de la educación entre pobres y ricos. Pero, además, las comparaciones internacionales tampoco benefician a nuestro país ya que incluso la que se ofrece en escuelas privadas, con alto costo, es de bajo nivel. Es que gracias a la LOCE, los dueños de las escuelas para ricos y “los sostenedores” de las subvencionadas, como buenos empresarios apuntan prioritariamente a la utilidad y no a la formación de los niños.
La segunda demanda estudiantil se refiere a la insatisfactoria implementación de la Jornada Educacional Completa (JEC), con insuficiencias tanto en infraestructura como en la incapacidad para entregar jóvenes materias complementarias al currículo de la media jornada.
A los dos aspectos sustantivos ya anotados se agregan las exigencias por el pasaje gratuito para la locomoción y la eliminación del costo de la PSU para el ingreso a las universidades.
En consecuencia, para asegurar el futuro de nuestros hijos y además garantizar el progreso económico de Chile no hay más alternativa que apuntar a una transformación radical de la educación.
En primer lugar, cerrando paulatinamente la brecha en recursos que entrega el Estado en comparación con el aporte que los padres adinerados invierten en sus hijos. La Presidenta, que ha considerado justa la lucha estudiantil, no debiera renunciar a la implementación de un plan para cerrar la brecha existente y hoy día tiene alternativas de recursos: con parte de los fondos provenientes del aumento del precio del cobre para el equipamiento de todas las escuelas públicas; con la eliminación o reducción de la Ley Reservada del cobre que beneficia a las FF.AA; y, dando término al subsidio que actualmente obtienen las empresas constructoras, gracias a la exención del pago del IVA.
El segundo ámbito de transformación obliga a reconocer el fracaso de la dependencia municipal, imponiendo a los gobiernos regionales y provinciales que se hagan cargo de la educación pública no subvencionada y que ejerzan una regulación efectiva sobre las privadas subvencionadas.
La eliminación de la LOCE, el término de la responsabilidad municipal de su actual función educacional y los recursos adicionales para cerrar la brecha entre las escuelas para ricos y pobres son iniciativas indispensables para transformar la educación chilena.
Los jóvenes se han pronunciado. Ahora es el turno de la macroeconomía exitosa y de la voluntad política.
30-05-06
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