Los estudiantes están desafiando al neoliberalismo donde las injusticias son más evidentes: en la desigualdad de la educación. La calidad de ésta se encuentra reservada para los hijos de las familias más ricas de Chile. La escuela privada dispone de los mejores profesores y de la mejor infraestructura, asegurando buenos resultados académicos, lo que permite a sus egresados acceder a la Universidad Católica y a algunas universidades privadas del Opus Dei y de los Legionarios de Cristo. Ello les asegura a los dueños del Poder Económico y a parte del Poder Político: por una parte, que sus hijos vean el mundo acríticamente; y, por otra parte, que sus descendientes adquieran el máximo de capacidades instrumentales para así administrar un sistema económico y político en el que predominan el individualismo, las desigualdades y la ganancia empresarial.
En cambio, el Estado se ha hecho cargo de la ampliación de la cobertura. Le ha correspondido la tarea de la educación para los estudiantes pobres y de sectores medios, a través de las municipalidades y de los subsidios a sostenedores de las escuelas privadas.
Esta educación, que recibe al 90% de los niños chilenos sirve, en realidad para muy poco.
La limitada infraestructura, la escasez de alimentación, el desinterés de sostenedores inescrupulosos, las debilidades de los municipios, las condiciones materiales y culturales de los hogares pobres e incluso el maltrato de los micreros, son factores que impiden que las desigualdades de origen entre niños pobres y ricos puedan reducirse a través de la educación.
Todo esto se amplifica con la inversión anual de $ 300.000 por estudiante que hace el Estado contra los $ 1.400.000 que realizan los padres ricos en sus propios hijos. Y como el Ministerio de Educación y las municipalidades no han sido particularmente eficientes, las debilidades de la enseñanza con financiamiento público se ven acrecentadas.
Así las cosas, al terminar la enseñanza media los jóvenes provenientes de la educación municipalizada tendrán bajos puntajes en la PSU, ingresarán a universidades de baja calidad, estudiarán profesiones sin demanda en el mercado y se convertirán en desocupados. En el mejor de los casos serán empleados, con bajos salarios, de los jóvenes de su misma generación que llegarán a ser ejecutivos de empresas gracias a sus estudios de calidad en Chile y en el extranjero.
El futuro de nuestros niños se encuentra definido de antemano. Se juega con cartas marcadas.
La derecha protege el negocio de la educación que inventaron los economistas de Pinochet y lo consagraron en la Ley Orgánica Constitucional de Educación (LOCE). Pero, los gobiernos de la Concertación han sido incapaces de enfrentar la desigualdad de la educación y no han mostrado voluntad política para erradicar esa ley de amarre que significa la LOCE, dejándola excluida de las reformas constitucionales que impulsó Lagos a finales de su gobierno. Y dieciseis años es mucho esperar cuando la clase política y sus economistas se autocomplacen de tanto éxitos económicos, avances sociales y de una fluida transición política.
Consecuentemente, no debiera sorprender que la educación se convierta en un tema principal de la agenda nacional y que los directamente afectados exijan su transformación.
Sin embargo, lo que sorprende es que los mismos afectados, niños y adolescentes, hayan tenido la capacidad para organizarse, sistematizar sus demandas y colocarse a la vanguardia de la primera gran protesta nacional contra uno de los baluartes del neoliberalismo: la educación para pobres y para ricos; la educación como un negocio; la educación reproductora de las desigualdades.
Los niños se han convertido en vanguardia, colocando tras de si a los profesores, a sus propios padres, a los medios de comunicación y a toda la sociedad chilena. Se han movilizado cientos de miles de estudiantes secundarios, con el apoyo de escuelas privadas y estudiantes universitarios. Hace más de treinta años que no se veía una movilización de la misma envergadura. Y es un hecho relevante en un país caracterizado hoy día por la resistencia a la crítica y a las movilizaciones.
La movilización de los niños y su demanda por terminar con la desigualdad en la educación es un golpe al corazón de uno de los enclaves neoliberales. Cómo la Concertación no pudo o no quiso enfrentar el problema, los niños han encontrado la fuerza y la voluntad para transformar esa educación injusta y antidemocrática. Los recursos están. Las platas del cobre, el 10% de los gastos reservados para compras militares o los subsidios a las constructoras están a disposición de la Presidenta para dar respuesta a las demandas estudiantiles. Tiene la oportunidad en sus cuatro años de gobierno. Porque no tiene explicación alguna acumular dinero para gastar en el futuro las platas del cobre, cuando es precisamente el futuro de los jóvenes lo que está en juego y éste se decide en el presente. Tampoco la defensa se garantiza con las platas reservadas del 10% de las ventas del cobre y más bien se debilita si no formamos a los niños con una educación de calidad que potencie nuestra fuerza nacional. Y, si ninguno de esos recursos se desea gastar, por lo menos eliminemos el subsidio a las empresas constructoras y utilicemoslo para invertir en educación.
Más recursos, la eliminación de la LOCE y una jornada escolar completa efectiva, es el camino para mejorar la educación de nuestro jóvenes. Están todas las condiciones para avanzar en una dirección positiva. La propia Presidenta ha valorado el movimiento estudiantil y su discurso siempre ha sido reconocer el accionar ciudadano. Es esta la mejor oportunidad para profundizar la democracia y para derribar los amarres institucionales que en el plano económico y social nos dejaran la dictadura y sus economistas.
La lección que los jóvenes le están dando al país debiera ayudar a reemplazar a una clase política que le ha cerrado las puertas a la juventud para reproducirse en el poder sin competencia.
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