La estrategia adoptada por Chile en el GATT no ha sido apropiada para enfrentar las realidades de la economía mundial. Tanto en la Ronda Tokio como en la Ronda Uruguay se han cometido serios errores de negociación, especialmente en lo que se refiere a las ofertas en el tema arancelario. En la primera se consolidó el arancel chileno al 35% y en la Ronda actual se ha ofrecido reducirlo al nivel del 25%.
La consolidación universal del arancel ante el GATT significa que nuestro país no puede elevarlo por sobre el compromiso establecido, salvo la aplicación transitoria y muy limitada de salvaguardias. Un lego en materias económicas otorgará escasa importancia a la suscripción de un acuerdo en el GATT que restringe la soberanía nacional para elevar el arancel por sobre el 25% cuando el que efectivamente se aplica a las importaciones es del 11%. Lo que sucede es que ello compromete a futuro la política comercial chilena, atándola injustificadamente a la economía mundial. Se pierde así un seguro contra riesgos en situaciones de crisis de balanza de pagos o ante graves deterioros de actividades sectoriales. De hecho, cuando se produjo la crisis de 1981-82 el nuevo Ministro de Hacienda, Luis Escobar Cerda, no pudo utilizar plenamente el instrumento arancelario como mecanismo de control de las importaciones.
La generosidad pasada y presente en la consolidación arancelaria no podría explicarse por un magnánimo deseo de aportar al multilateralismo ni tampoco refleja una justa negociación. En realidad, en momentos que cunde el proteccionismo de los países industrializados, la liberalización unilateral y la generosidad en el plano multilateral no han tenido ni parecen tener una efectiva contrapartida que compense los costos del desmantelamiento.
La explicación es otra. Los compromisos establecidos en la Ronda Tokio se fundamentaban en el interés del Gobierno pasado de atar internacionalmente las bases de su política económica y evitar así a futuro un eventual retroceso en la liberalización. Del mismo modo como en el plano interno se buscó garantizar a largo plazo la política comercial externa otorgándole rango constitucional, en el plano externo se utilizaba el GATT para reforzar ese propósito. Bajo tales condiciones, ningún Gobierno venidero podría introducir cambios sustantivos en la política económica a riesgo de colocarse al margen de la constitución o de la legalidad internacional.
En la Ronda Uruguay, también las negociaciones emprendidas por el Gobierno encuentran una explicación que trasciende el estricto ámbito de las negociaciones multilaterales. Estas, han sido utilizadas, en este caso, para fortalecer las relaciones bilaterales con los EE.UU., país que ha demandado a toda América Latina una mayor apertura comercial en el GATT, a cambio de los posibles beneficios de la Iniciativa para las Américas y de un Acuerdo de Libre Comercio (ALC).
De hecho, el Gobierno norteamericano, a través de la Sra. Carla Hills, jefe del equipo negociador de los EE.UU. bajo el Gobierno de Busch, utilizó variadas presiones sobre la autoridad económica chilena responsable de las negociaciones en el GATT para que se redujera el arancel consolidado desde 35% al 25%. Con el Presidente Clinton las cosas no han cambiado. Informes recientes de la Embajada de los EE.UU. destacan que Chile debe profundizar aún más la oferta arancelaria, si espera que se genere un ambiente favorable en ese país respecto de un ALC.
La vinculación entre la posición negociadora de Chile en el GATT y la aspiración irrefrenable por alcanzar un ALC con los EE.UU. se torna evidente cuando se conoce que la Reunión Ministerial del GATT, finalizada en abril de 1989, decidió otorgar un crédito por las consolidaciones arancelarias realizadas durante la Ronda Tokio. En esta oportunidad también se acordó un reconocimiento por las medidas de liberalización unilaterales.
¿ Por qué, entonces, el Gobierno de Chile no hizo valer el considerable aporte que nuestra economía ya había realizado al sistema multilateral? ¿ Por qué no se utilizó como base negociadora el reconocimiento ya otorgado a su liberalización unilateral y, especialmente, el crédito por la consolidación arancelaria en Tokio? ¿ Qué ganaba nuestro país con ampliar aún más su liberalización comercial en condiciones de un creciente proteccionismo de los países industrializados?
¿Qué lógica inspira a la autoridad económica de profundizar la liberalización comercial cuando variados sectores de actividad económica- manifiestamente en calzado y textiles- enfrentan una agresiva y poco leal competencia con los productos importados?
La única explicación posible es que nuevamente se busca utilizar el GATT como plataforma para un propósito distinto al estrictamente multilateral.
En este caso, todo parece indicar que la prioridad atribuida a la negociación de un posible ALC con los EE.UU. impulsó a la Administración chilena a presentar una nueva consolidación arancelaria (además de concesiones en servicios, propiedad industrial y en normas comerciales) mediante la cual se reduce, en el seno del GATT, el arancel consolidado a solo el 25%. De hecho, entonces, las presiones de la Sra. Carla Hills fructificaron pero, lamentablemente, no se obtuvo ningún beneficio a cambio ya que no se suscribió el ALC en el corto plazo que se esperaba y sus perspectivas son cada vez más oscuras.
No debiera sorprender, entonces, que luego de la flaqueza de los negociadores chilenos subsistan presiones adicionales para que Chile desmantele aún más su modesta protección comercial.
Prueba adicional de la utilización de las negociaciones multilaterales como instrumento para conquistar el ALC son precisamente los escasos avances en la Ronda Uruguay. La oferta chilena se efectúa sin esperar que simultáneamente se presenten serias reducciones arancelarias y no-arancelarias para el acceso a mercados en los países industrializados de los productos derivados de la explotación de recursos naturales, componentes principales de la canasta de exportaciones chilenas.
En efecto, la Comunidad Europea, durante todo el proceso de negociaciones, ha sostenido la tesis de ligar la disminución de barreras arancelarias y no-arancelarias aplicadas a tales productos con el tema de acceso a las fuentes de producción en los países en desarrollo. EE.UU., por su parte, planteó originalmente la llamada "opción doble cero" mediante la cual ofrecía liberalizar la producción y el comercio de todos los recursos alimentarios (no sólo aquellos provenientes de la agricultura), pero no ha estado dispuesto a otorgar mayores concesiones en productos forestales y en minerales procesados. Japón, finalmente, ha ofrecido modestas reducciones arancelarias para recursos naturales procesados.
Por otra parte, en cuanto a la reducción de medidas no-arancelarias de parte de las naciones industrializadas, el estancamiento de las negociaciones es absoluto y, consecuentemente, las peticiones de América Latina y El Caribe tampoco han recibido ninguna respuesta positiva.
Entonces, todavía está pendiente un efectivo entendimiento para lograr un mayor acceso al mercado de los productos de interés chileno y, en general, de los países en desarrollo. En realidad, las ofertas realizadas por los países industrializados no alcanzan, de manera alguna, al objetivo original de reducciones arancelarias mínimas de un 33%.
Por tanto, la insuficiencia de las ofertas de reducción de aranceles y restricciones no-arancelarias de parte de los países industrializados no justificaban de manera alguna la propuesta chilena de bajar el arancel consolidado. Consecuentemente, Chile no debió haber aceptado el Documento Dunkel (informe que resume el estado de la negociación hacia fines de 1991) hasta no haber obtenido reciprocidad tanto en el tema de acceso a mercados como en otros relevantes para la economía del país: productos hortofrutícolas, servicios, propiedad industrial y normas comerciales. Precisamente la CE y los EE.UU. no se comprometieron con dicho documento, reservándose cartas de negociación.
En definitiva, la política de negociaciones económicas multilaterales del Gobierno no ha entregado resultados favorables. Nuestro país ha ofrecido una generosa apertura al mundo, adicional a la ya existente, antes de obtener algo a cambio. Tampoco la reducción del arancel consolidado se justificaba como base para alcanzar un acuerdo bilateral privilegiado con los EE.UU., tanto por lo discutible de sus beneficios, como porque en definitiva el ALC no se materializó según lo previsto y no existen indicios favorables para su suscripción en un futuro cercano.
Esperamos que el próximo Gobierno tenga en cuenta las reales complejidades de la economía mundial y que reivindique con vigor el derecho a la reciprocidad y a la dignidad en las negociaciones internacionales.
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