Al fin un Comandante en Jefe del Ejercito, el General Cheyre, ha pronunciado el “nunca más”. Nunca más a los excesos, crímenes, violencia y terrorismo Nunca más a los sectores civiles que incitaron a las Fuerzas Armadas y que avalaron su accionar. El pronunciamiento del general Cheyre, similar al que hiciera en 1995 el General Balza en Argentina, ayuda al reencuentro de los militares con la ciudadanía.
Cheyre ha reconocido que el golpe militar contra Allende y el trabajo sucio de las Fuerzas Armadas durante los diecisiete años de dictadura fue instigado y avalado por sectores civiles.
Esto no es nuevo en la historia de Chile. La derecha política y la oligarquía económica siempre se han escudado en los militares cuando ven peligrar sus intereses. Las masacres en contra de obreros y campesinos en la escuela Santa María de Iquique, en Ranquil o Lonquimay que, a comienzos del siglo pasado, reivindicaban derechos básicos son buena prueba de ello. Lo que sí hay que reconocer es que a partir de 1973 la represión militar fue de una envergadura mayor que en el pasado y tuvo un carácter cualitativamente distinto. La tesis de la guerra interna o que la violencia la habrían iniciado los socialistas, con su retórica exacerbada en el Congreso de Chillán, no resisten la prueba de la historia.
El terror, los campos de concentración y el destierro no se establecieron para enfrentar una estrategia guerrillera sino que apuntaban a desmantelar a los partidos políticos, organizaciones obreras, campesinas y estudiantiles, todas las cuales habían alcanzado un notable grado de desarrollo a fines de los años sesenta y comienzos de los setenta.
El aplastamiento de las organizaciones sociales y políticas, la ilegalización del pensamiento progresista y la imposición de la ideología neoliberal se convertían en la condición necesaria para que la derecha concretara su modelo de sociedad. Las Fuerzas Armadas cumplieron, entonces, la misión de respaldar, mediante la represión, la nueva institucionalidad que se construyó en Chile a partir del golpe de Estado. La ley laboral de José Piñera, la privatización de los servicios públicos, de la salud, de la educación y de la seguridad social no se establecieron por consenso ciudadano sino por la fuerza. Lo mismo con el sistema electoral binominal y el Consejo de Seguridad. La propia Constitución del 80 colocó de garante del modelo político y económico que estableció la derecha a las Fuerzas Armadas.
La derecha utilizó a las Fuerzas Armadas, se aprovechó de ellas, para asegurar su reproducción en el poder por décadas, más allá del gobierno militar. Los grupos empresariales se aprovecharon de las Fuerzas Armadas para debilitar al movimiento sindical, ampliar su frontera de actividades a nuevos negocios y obtener jugosas ganancias. Sin embargo, la derecha no ha reconocido sus responsabilidades en el quiebre de la democracia chilena ni la que le cabe en los crímenes de la dictadura. Ha acusado a la izquierda de iniciar la violencia en Chile, y ha dejado recaer toda las culpas de los atentados a los derechos humanos sobre los militares. Esto no es justo. La derecha debiera tener la valentía de asumir la alta cuota de responsabilidad que le corresponde como instigadora de la tragedia que vivió nuestro país.
Hace bien, entonces, el General Cheyre al decirle nunca más a los civiles instigadores de la represión y el crimen. El monopolio de las armas debiera impedir a las instituciones armadas un compromiso con determinadas clases sociales o partidos políticos. Si los chilenos decidieramos modificar el actual modelo económico y social, a las instituciones armadas no les corresponde más que acatar la voz de la civilidad. Por eso es que las generación actual y las venideras esperan que las palabras de Cheyre se conviertan en verdadera doctrina militar. Es lo que todos deseamos por el bien de nuestro país, por la reconciliación nacional y por la propia reivindicación institucional de las FF.AA.
18-06-03
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