En sus tres programas de gobierno la Concertación se propuso reducir las desigualdades. Los resultados han sido decepcionantes. Chile se encuentra entre los países con peor distribución de ingreso del mundo. Mientras Matte, Angelini, Luksic, Saieh y las transnacionales se quedaron con la mayor parte del crecimiento de la torta, los gobiernos de la Concertación no se han atrevido a modificar el modelo concentrador y excluyente, quedando sólo en papeles los compromisos de democratización económica y equidad social.
De vez en cuando aparece el Director de Presupuesto, Mario Marcel, intentando demostrar que la distribución no es tan mala, gracias a los apoyos públicos directos a las familias que se encuentran en los deciles más pobres. Argumento poco convincente, y también comparativamente inconveniente para nuestro país, ya que los subsidios a los desamparados existen en todo el mundo civilizado y son mucho más generosos en aquellos países con estados vigorosos y políticas económicas activas.
No es casual, entonces, que dada la incapacidad de enfrentar las desigualdades el discurso oficial de los tres últimos años haya sido majadero en colocar el acento en el crecimiento, dejando de lado su compromiso original con la igualdad de oportunidades.
Sin embargo, se ha vuelto a las andadas. Las palabras y la retórica renacen. Tiempo 2000, Chile 21, Fundación Frei, la Comisión Económica del PS, la Comisión Económico-Social de la DC han multiplicado sus agendas y reuniones programáticas. No se sabe si para domesticar a los descontentos o porque ya vienen las elecciones. Los “think tank” de la Concertación vuelven a preocuparse por las brechas sociales. Se habla que la estrategia de Chile no puede prescindir de las pequeñas empresas. Se insiste en fortalecer las regulaciones del cruel mercado. En una suerte de masoquismo intelectual, se invita a Stiglitz, a Rodriguez Zapatero, a Marco Aurelio y a Borrel para que nos digan lo que ya sabemos: que el neoliberalismo ha fracasado.
La educación, la salud y el sistema previsional convertidas en negocios empresariales no resuelven las necesidades de la mayoría de los chilenos ni tampoco ayudan a enfrentar el desafío de la competitividad en los mercados internacionales.
¿ Porqué gastar tantas energías en nuevos documentos y reuniones en vez de leer con calma el programa del Presidente Lagos y exigirle a sus ministros, a los dirigentes de los partidos de la Concertación, a sus diputados y senadores que sean consecuentes y que lo implementen?.
Ese programa es elocuente en destacar la infamante distribución del ingreso, la concentración económica en pocas manos, la debilidad de los trabajadores frente a los empresarios, la falta de apoyo a las pequeñas empresas, la urgencia de una educación y salud que den oportunidades a todos los chilenos. Por eso es que para muchos las palabras no sirven. Las agendas y programas han perdido credibilidad.
No intento desmotivar a aquellos que se esfuerzan por imaginar nuevas iniciativas y propuestas para construir un país en que primen los intereses de las mayorías y en que la igualdad de oportunidades deje de ser retórica. Todos los esfuerzos de reflexión son valorables. Pero éstos dificilmente resisten el test de la opinión pública si culminan en programas o agendas que no se llevan a la práctica.
Estando la credibilidad de las instituciones por el suelo deberíamos intentar que éstas recuperen su prestigio. Lo que desea la opinión pública es consecuencia entre lo que se dice y lo que se hace. Si existe obesidad en los niños, los ministros de salud y de trabajo no pueden convertirse en publicistas de la transnacional Mc´Donalds. Si se ha acentuado la brecha educacional entre ricos y pobres hay que cumplir con el compromiso de otorgar becas a todos los jóvenes que no tienen recursos y defender a la educación pública. Si preocupa el medio ambiente no pueden aparecer ministros en un apoyo desenfrenado a la empresa Alumysa.
No basta con hablar que las pequeñas empresas deben estar en el eje de una estrategia democratizadora de la economía sino hay que modificar esos magros programas pilotos de Corfo y convertirlos en iniciativas masivas de apoyo y, al mismo tiempo, hay que insistir al Banco del Estado que aplique a estas empresas la misma tasa de interés que a los grandes empresarios.
Si la redistribución del ingreso fuese una preocupación real nuestros parlamentarios no deberían haber aprobado leyes impositivas regresivas. Si de verdad se deseara la protección de los trabajadores no se podría haber aprobado una reforma que debilita la negociación colectiva. Si la voluntad antimonopólica recogiese el espíritu y letra de los programas de la Concertación, el Banco del Estado no podría haber prestado al Grupo Luksic recursos para favorecer la concentración bancaria.
Es cierto que los límites en que se mueve la política y la economía en Chile y en el mundo actual son estrechos. La fuerza de los grupos económicos y de las transnacionales es apabullante y aprieta a todos los sectores políticos. Ello explica probablemente los énfasis y decisiones de los gobiernos de la Concertación en favor de los grandes empresarios. Pero también está la falta de voluntad política, la aceptación del pensamiento único en sectores dominantes de la Concertación y los compromisos de éstos con el mundo de los grandes negocios antes que con los trabajadores, los pequeños empresarios y los estudiantes sin recursos.
Por ello la lucha política se complica ya que la línea divisoria entre neoliberales y progresistas no sólo enfrenta a la Alianza por Chile y a la Concertación sino que cruza transversalmente a todos los partidos del bloque de gobierno.
Y, en la disputa en el seno de los partidos de la Concertación así como en la diferenciación política con la derecha valen mucho más los comportamientos que las palabras, las acciones antes que las “ nuevas agendas”, la consecuencia entre lo que se dice y lo que se hace.
20-11-03
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