Al cabo de dos años de gobierno del Presidente Lagos estamos en un momento dificil. La militancia y los seguidores del socialismo chileno han manifestado una justificada preocupación por los malos resultados electorales del Partido. Aquellos que vivieron la experiencia de la Unidad Popular pueden testificar que, en un período similar, y con muy malos indicadores macroeconómicos, el PSCH fue capaz de capturar la cuarta parte del universo electoral, estableciendo además una sólida presencia en las comunas populares y con una participación preponderante de la juventud.
Hoy, en cambio, no sólo estamos estancados en torno al 10%, sino que los jóvenes se encuentran muy ajenos a Partido Socialista y han optado entre la UDI o la desafección política. Por otra parte, el desánimo crece al constatar que esta organización de derecha ha adquirido una presencia sorprendente en los municipios populares, mientras que un 40% de los ciudadanos no se inscriben en los registros electorales o deciden votar nulo o blanco.
Hay algo que anda mal. La gente no está contenta. Los socialistas están insatisfechos con su Partido y la ciudadanía aspira a algo distinto de lo ha hecho el gobierno de Lagos.
El descontento radica en el escaso esfuerzo del gobierno de Lagos por centrar sus prioridades en reducir las desigualdades tal como le prometió al país. Y, por cierto, en las bases partidarias existe reclamo por el silencio de la Dirección Política del PSCH ante el incumplimiento del programa de Lagos. Sólo un verdadero replanteamiento estratégico en favor de la igualdad, ayudará a que el socialismo no termine siendo en los próximos cuatro años un estigma para la sociedad chilena y que el Presidente Lagos no sea reconocido cómo aquel que entregó el gobierno a la misma derecha que gobernó el país durante la dictadura.
Compromisos de Lagos
Hasta 1998, los gobiernos de la Concertación tuvieron éxito en lograr altas tasas de crecimiento económico y reducir los niveles de pobreza que existían en el país, de acuerdo con los patrones tradicionales de la Encuesta CASEN. Sin embargo, estos mismos gobiernos fracasaron en cumplir con el compromiso asumido en favor de la equidad. Por tal razón, era justificable que el Programa de Lagos propusiera, con tanto énfasis, el “crecimiento con igualdad”.
Los socialistas debemos reconocer que el discurso del crecimiento no convence a los pobres y a las capas medias cuando se acentúan las desigualdades. Y que el crecimiento es inconducente cuando aumenta el desempleo. Por otra parte, son las propias instituciones del sistema económico, sin la debida regulación estatal, las que han desprotegido a los ciudadanos y acrecentado las desigualdades (Pervisión; Salud; Educación).
El descontento de la gente modesta con lo que sucede en el país es evidente. Ha llegado la hora de reconocer que los compromisos del discurso de Lagos en Curanilahue y los de su Programa de Gobierno no se cumplen, lo que ha generado frustración y desesperanza en los que creyeron en su programa. No podemos olvidar que tanto en Curanilahue como en el Programa de Gobierno la propuesta en favor de la igualdad motivó el entusiasmo de los obreros, los jubilados, los estudiantes pobres, los sectores medios, los micro, pequeños y medianos empresarios.
El candidato Lagos dijo, con fuerza:
“Debemos terminar con las desigualdades antes que ellas terminen por debilitar a la familia, a la comunidad y a la nación chilena.”
“Hoy iniciamos, con la última primavera del siglo, una segunda gran batalla: la batalla por la igualdad.”
En estos dos años ha habido escasos esfuerzos por enfrentar las desigualdades que se nos prometió reducir, con el agravante que el discurso del crecimiento ya no convence, en una economía que perdió su dinamismo.
1. El compromiso de crecimiento con empleo no se ha cumplido
La política fiscal impulsada por Eyzaguirre, especialmente durante el año 2000, junto a la irresponsabilidad de la política monetaria de Massad del año 1999 no han permitido cumplir con las ofertas de crecimiento económico y de aumento del empleo. Los sucesivos anuncios de metas de crecimiento del PIB siempre frustradas y la insistencia de que el empleo aumentaría, sobre todo en el año 2000 y comienzos del 2001, hicieron perder credibilidad al Gobierno. Aquí hay un error no sólo comunicacional sino fundamentalmente de diagnóstico, de desconocimiento en torno al funcionamiento de la economía chilena. En efecto, la insuficiencia en el crecimiento y en la creación de empleo tiene que ver con el agotamiento de la estrategia de desarrollo vigente. Vale decir, está en cuestión una forma de producir basada en los recursos naturales que ha llegado a su límite y que ha beneficiado sólo a los grandes grupos económicos. Está en cuestión la política económica de “neutralidad” que, en la práctica favorece al gran capital, desaprovechando el potencial de los empresarios pequeños y medianos. Está en cuestión la política social, que ha generado una alta vulnerabilidad en los sectores medios y populares del país, dejándolos en condiciones de inseguridad e indefensión.
Los costos políticos de la consigna del crecimiento se los ha llevado el Gobierno y la Concertación, como lo probaron los resultados electorales. La realidad fue más fuerte que la ideología y obligó al Gobierno, en los últimos meses, a animar un poco la política fiscal para compensar las debilidades de una economía de mercado que ya no es capaz de generar automáticamente empleo. De forma vacilante, a regañadientes, recién a partir del segundo trimestre del 2001, el Ministro Eyzaguirre se atrevió a financiar puestos públicos para que el desempleo no se convirtiera en catástrofe nacional. Y aún así nos encontramos con una tasa de desempleo que bordea el 10%, pero sin creación de nuevos empleos.
La estrategia de desarrollo vigente ya no genera empleo ni permite un crecimiento dinámico. Existe un problema estructural. Líneas de producción que se han agotado y que sobre todo no crean empleo como el sector forestal, la pesca y el cobre. Entretanto, la infraestructura de apoyo como el sector comunicaciones y la energía eléctrica hacen ajustes salvajes para mejorar tasas de ganancia a costa de los trabajadores. Y, finalmente, la banca acentúa la concentración y acumula una inédita masa de ganancias en el 2001.
2. Los grandes grupos económicos son incapaces de generar empleo
No se puede seguir insistiendo en la misma estrategia adoptada por los gobiernos anteriores cuando el problema es estructural. Hay que revisar el diagnóstico y no hay que tener temor al riesgo que significa un viraje en la política de alianzas. Es un error creer que la economía todavía puede crecer a elevadas tasas y además dar empleo en base a los sectores productivos tradicionales y a los grupos económicos que los impulsan. Adicionalmente, la posición claudicante respecto de los grupos económicos le ha enajenado al Gobierno y a la Concertación el apoyo de los sectores populares que creyeron en la igualdad de oportunidades y le ha hecho perder entusiasmo a los micro, pequeños y medianos empresarios que esperaban un nuevo trato a sus demandas. La evidencia ha sido clara en estos dos años:
· El apoyo y activismo de La Moneda en favor de la lamentable decisión del Banco del Estado de prestar dinero de origen público y de modestos ahorristas al Grupo Luksic para favorecer la concentración bancaria.
· El apoyo y activismo gubernamental en favor de la empresa MacDonalds, con la presencia física en sus instalaciones de ministros, subsecretarios y jefes de servicio masticando comida chatarra para dar señales favorables al capital transnacional a los EE.UU. por sobre consideraciones de la salud de la población.
· El entusiasta esfuerzo de los ministros de Obras Públicas y de Economía para modificar la regulación tarifaria de las comunicaciones y beneficiar con ello a la CTC. Y, posteriormente, la sorprendente defensa que hizo el gobierno de Fernando Bustamante en su doble condición como Presidente del Metro SA y miembro del directorio de la CTC, a pesar de la demanda que ésta hizo por US$ 270 millones en contra del Estado.
· Las declaraciones del Ministro de Economía en favor del proyecto inversionista de la empresa Alumysa, antes de que éste sea debidamente evaluado por el Consejo de Ministros de la Conama.
· La exigencia de renuncia a Francisco Fernández como Director General de la Fiscalía Nacional Económica, por su diligencia regulatoria.
· La exigencia de renuncia a Adriana Hoffman, como Directora Ejecutiva de la Conama, por su excesiva diligencia en favor de la defensa del medio ambiente.
Todos estos gestos de subordinación del Gobierno a los grupos económicos- y el silencio del Partido Socialista- no sólo han sido rechazados por la base natural de apoyo social del Gobierno, sino que además han sido inútiles. No han provocado los resultados esperados: no han ayudado a la inversión, no han aumentado el empleo y, por el contrario, ha habido mayor despido de trabajadores. Al nivel de las asociaciones patronales ni siquiera ha existido un comportamiento respetuoso con el Presidente y prescindente en materia de política contingente.
3. La relación del Gobierno con los trabajadores
La relación del gobierno con los trabajadores no es buena y revela manifiesta asimetría si se la compara a la que se mantiene con los grupos económicos y las asociaciones gremiales de los grandes empresarios. Junto con no haberse cumplido los compromisos programáticos en favor del empleo, el Ministro Eyzaguirre, a mediados del año 2000, afirmado en su testarudez, no reajustó los salarios de los trabajadores del sector público, según el aumento del IPC. La señal proempresarial que con ello se pretendió entregar no sirvió de mucho, ya que los empresarios no le devolvieron la mano, mientras que los trabajadores quedaron manifiestamente resentidos.
Las reformas laborales, para fortalecer la posición de los trabajadores no se introdujeron al Congreso, como prometió el Presidente, en su primera semana de gobierno. En esa condiciones se desgastó el proyecto y generó una larga polémica que, en definitiva ablandó las reformas al punto que la negociación colectiva y el no reemplazo efectivo de los trabajadores en huelga han pasado a la historia. No se utilizó la mayoría existente en el Congreso y los sectores empresariales, y los políticos proempresariales dentro de la Concertación, usaron y abusaron de la crítica a las reformas. Al final del 2001, producto de la debilidad de la reformas y del Gobierno, los empresarios se aprovecharon de despedir trabajadores en medio de la disputa electoral. Nada de esto debió haber sucedido, si las reformas se hubiesen aprobado al inicio del Gobierno de Lagos, empujadas por la fuerza de su triunfo electoral
4. Retórica en torno a las microempresas y las Pymes
Las iniciativas de los programas CORFO y la política de crédito del Banco del Estado son a favor de las Mipymes son francamente insuficientes, con un discurso que es más retórica que realidad. Especialmente se ha incumplido con la demanda principal de las Mipymes que dice relación con la disminución de la tasa de interés, a pesar de la fuerte reducción experimentada por la tasa de instancia monetaria del Banco Central. Ésta, en vez de estimular el crédito para los productores modestos favoreció un inédito aumento de la ganancia de la banca. Por ello que insistimos ayer y hoy que sólo con un Banco del Estado que supere la lógica bancaria privada y empuje las tasas de interés de los micro, pequeños y medianos empresarios a la baja permitirá impedir la expoliación que hace el sistema financiero de ellos.
El programa de gobierno del Presidente Lagos planteaba apoyar el desarrollo de las Mipymes para ayudar a un crecimiento con equidad y potenciar la creación de empleos. Para tal propósito se consideraba que el Banco del Estado debía jugar un rol preponderante, reorientando su política comercial hasta transformarse en el principal sostén financiero de las Pymes y microempresas del país.
La administración del Banco del Estado ha optado, sin embargo, por un camino distinto al señalado en el Programa de Gobierno. En efecto, la lectura de los balances del Banco del Estado de los últimos años permiten concluir que la empresa ha privilegiado la atención de las grandes empresas las que, además, son responsables en un 80 % de los castigos que ha realizado el banco en los últimos 10 años. Al mismo tiempo, se conservan las diferencias expoliadoras de tasas de interés entre la gran empresa y la pequeña.
Por otra parte, el préstamo al Grupo Luksic, para fundar la alianza del Banco Edwards y el Banco Chile puso de manifiesto un error adicional de la política comercial del Banco del Estado: favorecer la concentración bancaria al prestarle a la propia competencia. Esto resulta sorprendente y gravísimo, incluso desde la lógica de rentabilidad del Banco del Estado. Hay que destacar que las últimas megafusiones de bancos en Chile con el adicional ingreso al mercado de grandes conglomerados extranjeros permite proyectar, en un mediano plazo, un sistema financiero cada vez más concentrado en unos pocos grandes bancos. En este contexto, es factible que muchos pequeños productores queden aún más al margen del financiamiento bancario si sus orientaciones productivas o tamaño de escala de sus producciones no están contempladas en las políticas de créditos de una banca concentrada
5. La política económica internacional no ayuda a reducir las desigualdades
La eventual materialización de un TLC con los Estados Unidos, que tanto ha entusiasmado al Gobierno, se convertirá en una camisa de fuerza adicional para avanzar en favor de reducir las desigualdades, ya que:
· El TLC con los Estados Unidos reproducirá nuestra condición de exportadores de materias primas e inhibirá la posibilidad de repotenciar el crecimiento económico, en base a la generación de mayor valor agregado nacional. No se ayuda así a la fragilidad actual de la economía interna, cerrándonos las puertas al replanteamiento de una estrategia de desarrollo que apunte a reducir las desigualdades.
· Se restará adicional capacidad de autonomía a nuestra política económica con mayores exigencias en la apertura de la cuenta de capitales y en servicios así como impedirá grados de protección necesarios a sectores productivos, generadores de mayor valor agregado nacional, a que obliga una nueva estrategia.
6. Cambiar la Estrategia de Desarrollo y la Política de Alianzas Sociales
El patrón de desarrollo vigente se caracteriza por tres componentes, estrechamente articulados:
Una estructura económica dominada por la producción y exportación de recursos naturales, sometida a las altas fluctuaciones de la demanda mundial. La apertura indiscriminada al mercado internacional hizo perder vigor al sector industrial fundado en la demanda interna, permitiendo que el mayor dinamismo de la producción se centrara en el sector primario exportador, bajo la dirección de los grandes Grupos Económicos y el capital internacional. Acrecentada la competencia internacional por la disminución de los aranceles y, en general, la tendencia a la eliminación de las medidas de protección para la industria interna, el sector de bienes transables promovió mejoras tecnológicas y de productividad. Se acentuó así la heterogeneidad estructural, con un sector de avanzada tecnológica, volcado al mercado internacional, mientras que se amplió el sector atrasado de la economía, centrado en el mercado interno.
Una política macroeconómica, con reglas automáticas para eliminar todo elemento discrecional en la política pública. Banco Central independiente, cero déficit fiscal (y ahora superávit estructural), apertura de la cuenta de capitales y la reducción de aranceles, constituyen el paradigma para alcanzar “eficiencia económica” y abrir espacio de acción indiscriminada a los operadores privados. Con ello se busca independizar la política económica de la acción pública. La denominada neutralidad de la política pública entrega a las fuerzas del mercado la exclusiva responsabilidad del crecimiento, favoreciendo así en la práctica a los sectores más poderosos, vale decir a los intereses transnacionalizados, vinculados al sector moderno de la economía.
Una política social, funcional a las “exigencias de la globalización”, dejando de lado el rol protector de los débiles. Lo más relevante, en este campo, es la denominada flexibilidad laboral, cuyo propósito apunta a disminuir a cualquier costo el precio directo e indirecto de la fuerza de trabajo para favorecer así la posición competitiva de las empresas en el mercado internacional. Atendiendo a políticas de equilibrio (o superávit) fiscal, e iniciativas de disminución de las cargas impositivas de las empresas, el Estado se ha limitado a focalizar los limitados recursos públicos en los sectores de extrema pobreza, en vez de políticas sociales de universalidad. Por su parte, se ha abierto espacio para que el sector empresarial amplíe sus actividades inversionistas hacia el área social. Han nacido así los sistemas privados de salud y previsión y se multiplican los establecimientos educacionales privados destinados a los hijos de las familias de altos ingresos; paralelamente, permanece bajo la responsabilidad del estado una oferta de menor calidad de estos servicios, dirigida a los grupos de bajos ingresos.
Hay que reconocer que el actual patrón de desarrollo ha tenido formas de implementación distintas bajo la dictadura y con la democracia, pero sigue siendo el mismo. En efecto, aunque la estructura productiva y la gestión macroeconómica se han conservado en su esencia, con la democracia se ha intentado un mayor esfuerzo social, que se ha expresado en un ritmo más acelerado de reducción de la pobreza. Sin embargo, luego de 15 años de crecimiento dinámico, a partir de la mitad de 1998 el patrón de desarrollo vigente ha encontrado serios límites, de naturaleza estructural, para continuar con el crecimiento y sobre todo para la generación de empleo. Todo parece indicar que las bases materiales del crecimiento de Chile se han debilitado y no sólo como consecuencia coyuntural de la crisis internacional. Desde el punto de vista social, la fase de crecimiento expansivo de Chile favoreció la disminución de la pobreza, pero no permitió la disminución de las desigualdades, las que ahora tienden a acentuarse, generando además altos grados de vulnerabilidad.
7. Replantear la estrategia de desarrollo.
Los márgenes de maniobra para construir una estrategia que de nuevo vigor al patrón de desarrollo son muy estrechos por varias razones: la hegemonía de una ideología que todavía no encuentra una respuestas apropiadas; la estrecha articulación de las elites dominantes con el gran capital internacional; la existencia de una institucionalidad internacional, especialmente el FMI y la Organización Mundial de Comercio, que ha impuesto a los países subdesarrollados, sin mediaciones, los conceptos de apertura, estado mínimo, privatizaciones, “macroeconomía automática”, desregulación laboral y desprotección social. Adicionalmente, todo esto se ve facilitado por la inmensa debilidad de los sectores sociales subordinados, aquellos más golpeados por la globalización y el patrón de desarrollo en curso, lo que se manifiesta en: un movimiento sindical desarticulado y pequeños y medianos empresarios en crisis permanente por la competencia externa.
Sin embargo, no existe un destino manifiesto que obligue, con el actual entorno internacional y en el marco de una economía de mercado, a una estrategia única para avanzar por el camino del desarrollo a pesar de que lo ejes del paradigma se han extendido en todo el mundo. Tampoco en los países desarrollados existe una estrategia única de desarrollo. Todavía es distinta la economía de bienestar de los países de Europa o el sistema japonés basado en los complejos industriales, en comparación a la economía más liberal de los Estados Unidos. Distintas políticas sociales, formas de regulación diferentes en los mercados de trabajo y sistemas impositivos diferenciados.
La globalización y la economía mundial imponen - hoy más que nunca- restricciones a las políticas nacionales. Sin embargo, siempre existen márgenes de maniobra para la política pública, pero ello requiere coraje y voluntad de la autoridad pública y liderazgo político. Aún en el difícil contexto actual, con un modelo de apertura, libre mercado y rol subsidiario del Estado, es posible implementar distintas estrategias de desarrollo y alternativas de política pública.
Ha llegado la hora de avanzar en un replanteamiento estratégico. Indicaremos algunos lineamientos centrales que deberían ser trabajados:
7.1. Sin renunciar al dinamismo de las exportaciones, la inserción económica internacional debe ser selectiva y cuidadosa. Vale decir no indiscriminada y haciendo énfasis en sectores y empresas capaces de aportar mayor valor agregado nacional. Con ello se podrá apuntar a generar más apropiadas articulaciones entre las exigencias de una economía abierta y las necesidades de la integración interna. Sólo así se logrará combinar los beneficios derivados del mercado mundial con la indispensable acumulación endógena que exige un desarrollo económico menos heterogéneo productivamente y más equilibrado socialmente.
7.2. Colocar el acento en las Mipymes
Las Mipymes gracias a los sistemas de información y comunicación modernos y a la denominada sociedad del conocimiento, pueden llegar a convertirse en el eje de una nueva estrategia con mejor inserción internacional pero también con mayor potencial de acumulación endógena. En efecto, un decidido apoyo crediticio y tecnológico por parte del Estado, junto a las posibilidades que ofrecen los sistemas modernos de información y de comunicaciones, debiera facilitarles a las Mipymes un aumento sustantivo de la productividad, un acceso inédito al mercado, a los clientes y a los proveedores, para posicionarse con mayores oportunidades en la economía nacional e internacional. La modernización de las Mipymes debiera ayudar, al mismo tiempo, a resolver la crítica situación de desempleo estructural y de subempleo que vive nuestro país.
7.3. Microempresas, Pymes y Rol del Banco del Estado
Un verdadero relanzamiento productivo de las microempresas y las Pymes requiere un apoyo crediticio efectivo para potenciar sus operaciones. Para que la disminución de la tasa de instancia del Banco Central se manifieste en un real acceso al crédito barato, el Banco del Estado debe redefinir el rol que desempeña actualmente. En términos de líneas de acción el Banco del Estado debería cumplir con las siguientes funciones principales:
· Movilizar los recursos que capta para canalizarlos en favor del financiamiento de proyectos con alta rentabilidad social y generadores de empleo. Esto significa focalizar los recursos captados y la actividad institucional en el financiamiento de la mediana, pequeña y microempresa.
· Debería además desarrollar acciones orientadas a mejorar la competencia y transparencia del mercado financiero. Esto significa que el Banco del Estado debe asumir el rol de regulador del sistema financiero y financista de pequeños productores, a los fines de constituirse en un contrapeso de los grandes conglomerados financieros privados. Consecuentemente, el Banco del Estado:
· No podrá otorgar créditos para financiar traspasos de activos entre privados ya que éstos no aportan al empleo ni al crecimiento económico.
· No podrá otorgar créditos para financiar incrementos de capital de bancos de la competencia, ya que no corresponde que el Estado financie la concentración patrimonial de grupos económicos.
· Privilegiará el financiamiento de empresas con proyectos generadores de empleo y/o con impacto en el crecimiento del país.
Avanzar en esa dirección sólo requeriría de una decisión política de la alta administración del Banco. En efecto, la empresa dispone del costo de fondos más bajo entre los bancos del sistema financiero lo que le permitiría rebajar las tasas de interés cobradas a las Pymes y microempresarios; el banco tiene además una sobredotación de personal debido a lo cual el costo marginal operativo de incrementar las colocaciones a este sector es igual a cero; y, existe una amplia red de sucursales que permite atender en todo el país, con una experiencia exitosa en materia de atención a microempresarios.
7.4. Orientar el capital extranjero de largo plazo en favor de aquellos sectores productivos con mayor valor agregado nacional potencial. El potencial productivo de una economía que aproveche tanto las fuerzas dinámicas externas como las internas tampoco puede tener una postura neutral frente al capital extranjero. Se requiere reformular la actual institucionalidad pública encargada de las inversiones extranjeras, incorporando criterios para la aprobación de los proyectos que consideren componentes tecnológicos, contratación de fuerza de trabajo, incorporación de inteligencia y respeto del medio ambiente. Al mismo tiempo, la política pública deberá insistir en fórmulas inteligentes para regular los capitales especulativos y minimizar así las crisis derivadas de los movimientos especulativos que tanto daño han hecho a las economías de la región en los últimos años.
7.5. Modificar la denominada neutralidad del Estado y de la política macroeconómica, apoyando activamente al sector privado en aquellos sectores de actividad de producción de bienes y servicios con potencial para generar valor agregado nacional. En suma, para atacar radicalmente la heterogeneidad estructural, la concentración económica y las desigualdades que engendra se requiere una política económica activa, no automática ni neutral, ni fundada sólo en “las señales”.
7.6. Para enfrentar el desempleo estructural no basta con políticas productivas que atiendan el aumento de la productividad de los sectores atrasados y de las Mipymes sino también éstas deben ser complementadas con políticas sociales que garanticen el salario de los desocupados. La aprobación del seguro de desempleo es, sin duda un aporte y un buen comienzo a la protección de los trabajadores. Ello debe estar ligado a formas de educación y capacitación permanentes de la fuerza de trabajo. Para que la denominada flexibilidad laboral no se convierta en una tragedia social y política debe asegurarse tanto el perfeccionamiento profesional y técnico permanente de los trabajadores como su protección salarial frente al desempleo. De no ser así, la denominada flexibilidad laboral se convierte estrictamente en un mecanismo de aseguramiento de la ganancia empresarial y de deterioro de las condiciones de vida de la fuerza de trabajo. Y esto a la larga conduce a bloquear el crecimiento y a una tragedia social y política.
7.7. Enfrentar la indefensión e inseguridad de las personas exige también dar un nuevo tratamiento a la previsión social. El sistema privado de pensiones se ha convertido en un gran negocio de los Grupos Económicos, que no ayuda a la protección de la familia modesta, a los jubilados. Y además es percibido como fuente principal de inseguridad ciudadana.
Existe un fuerte proceso de concentración de las administradoras, las que pasan de 24 en 1981 a 8 en el 2001, con dos de esta empresas que concentran el 50 % del mercado de afiliaciones. Las altas rentabilidades de estas empresas, alcanzaron un 27.3% en promedio entre los años 1997 y agosto del 2001. Estas rentabilidades han sido posibles por las altas comisiones cobradas, el bajo riesgo del negocio y la fuerte concentración de mercado existente en el sector. El nivel de las comisiones es similar entre las distintas empresas. Hasta la fecha se han pensionado por el nuevo sistema 363.351 personas con una pensión media de $ 112.500, cifra levemente superior a la media de las pensiones pagadas por el INP. ($ 98.000).
Es preciso advertir desde ahora sobre los problemas que presenta el sistema de previsión privado y que tienen que ver con la desprotección, propia al sistema:
· Un alto porcentaje de las personas que jubilen por éste sistema no dispondrá de un fondo que les garantice, a lo menos, la pensión mínima y el Estado tendrá que financiar la diferencia.
· Esta situación se origina por: el bajo nivel de rentas que tiene la mayoría de los trabajadores del país; la precariedad del empleo que hace que en los periodos de desempleo el trabajador no cotiza; el no pago de las cotizaciones por parte de los empleadores.
· Hay un alto número de personas que si bien está adscrito al sistema no cotiza.
· Hasta el año 2001 las pensiones pagadas por las AFP son muy cercanas a las que cancela el INP. Por lo tanto, el ofrecimiento inicial (año 1981) de mayores pensiones hasta la fecha ha constituido un fraude.
Los verdaderamente favorecidos por el sistema son las empresas administradoras del sistema las que han disfrutado de altas rentabilidades, muy por encima de las que observan otros sectores de la economía del país. Al mismo tiempo, se han visto favorecidos los Grupos Económicos asociados a estas empresas que por la vía del poder que otorga la administración de los enormes recursos de las pensiones de los trabajadores acceden a los directorios de las mayores empresas del país. Vale decir, con recursos ajenos administran el poder que entrega el dominio de dichas empresas.
Es indispensable un cambio radical en el sistema, que apunte en favor de la protección de los afiliados, en la siguiente dirección:
· Rebajar las comisiones y otros gastos asociados a la administración de los fondos introduciendo al sistema un ente regulador que sería una AFP pública. Esta entidad podría ofrecer el mismo servicio de las AFP con comisiones que sólo le permitan financiar sus gastos de operación, sin generar excedentes ya que no tendría fines de lucro.
· La base de esta AFP pública podría ser el propio INP, restructurándose para dichos efectos.
7.9. Compromiso con los jóvenes
La desafección juvenil con la política no sólo responde al aniquilamiento de los paradigmas, sino también al mal trato que se les da. En efecto, si el 90% de los estudiantes que salen de la educación media viven en familias de menos de $ 800.000, al Gobierno no le cabe más responsabilidad que obtener un financiamiento que les asegure, sin temores, sus años de educación superior, sea ésta técnica o universitaria. Por otra parte, también ayuda al respeto y protección de los jóvenes el garantizarles su transporte cotidiano, terminando de una vez con las aberraciones que cometen los transportistas o los errores e ineficiencias que ha cometido del Gobierno en materia de carnet escolar. Respetar a los jóvenes y asegurar su educación es lo mínimo que puede ofrecerles un gobierno progresista.
7.10. Reforma impositiva que coloque su centro la equidad.
No puede ser que las empresas del cobre eludan el pago de los impuestos, mientras depredan el recurso natural. No es lógico que la gran carga impositiva funcione sobre la base de la gran regresividad que significa el IVA y además un elevado IVA. Al mismo tiempo, nada justifica, excepto la ideología de la “neutralidad” que el impuesto al pan, a la leche y a los libros sea el mismo que el que se aplica a los productos suntuarios.
He querido destacar sólo algunos lineamientos para el replanteamiento estratégico que me parece necesita nuestro país. Por cierto, se trata de indicaciones y no de propuestas acabadas. Del mismo modo no se han considerado temas de mucha envergadura, por estar en discusión, tales como la reforma a la salud, la reforma del estado, el indispensable avance en la educación y la descentralización territorial.
Los lineamientos que aquí se proponen para reformular la estrategia de desarrollo implican un cambio en la política de alianzas del Gobierno. Se trata de fortalecer el compromiso de la Concertación con los trabajadores pobres y medios asalariados y con los sectores productores de pequeña y mediana propiedad. Se trata, al mismo tiempo, de revalorizar el compromiso con los jóvenes y los adultos mayores, quienes son los más desprotegidos por el sistema económico vigente en Chile y sus instituciones. Apuntar en favor de la igualdad es lo único que puede producir el reencuentro de la Concertación y el Gobierno con la gente humilde de nuestro país. Si ello se produce la esperanza renacerá.
Comparemos, por ejemplo, con el patrón de desarrollo que caracterizó a Chile desde fines de los años treinta hasta comienzos de los setenta. Gobiernos de distintos tintes políticos como Aguirre Cerda, Ibáñez, Alessandri, Frei y Allende se insertan dentro de la concepción de la industrialización y un rol activo y productor del Estado. No obstante, dentro del mismo patrón tales gobiernos adoptaron estrategias de desarrollo distintas pero que en esencia no vulneraban el patrón básico de desarrollo.
Este documento se llamó originalmente “ Igualdad, desafío estratégico del PS” y se escribió en junio del 2002, pero sus ideas principales se habían presentado a la Comisión Económica del PS en diciembre 2001.
