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jueves, 23 de diciembre de 2010

Compasión o Garrote

En octubre de 1979 vivía mi exilio al sur de Inglaterra, en un pequeño poblado llamado Uckfield. Algunos meses antes la Sra. Thatcher se había convertido en la primera mujer Primer Ministro e impulsaba, con mano de hierro, la liquidación del Estado de bienestar keynesiano que había caracterizado el país por casi cincuenta años. Ataque a los sindicatos, reestructuraciones productivas, disminución del gasto público. Impulsado por un gobierno de extrema derecha, el neoliberalismo se encontraba en su salsa mientras la sociedad civil ardía en la protesta. 

En algún día de ese octubre, como todos los años, se mostró en televisión el congreso anual del Partido Conservador. Cuando llegó el momento de la discusión sobre la educación, la formación de los jóvenes y la utilización de “la cane” (la vara) escuché palabras sorprendentes. 

Uno, dos, tres parlamentarios conservadores argumentaban que la rebeldía callejera, la protesta en los barrios populares en Londres, Manchester y Birmingham nada tenía que ver con la desocupación- que superaba los dos dígitos en aquella época-, ni con la pobreza o las reformas neoliberales de la Thatcher. El argumento que cobró fuerza en ese escenario conservador era que algo andaba mal con la educación de los jóvenes. Qué la protesta se explicaba porque no se les estaba pegando suficientemente a los niños en las escuelas. Qué se había relajado la utilización de “la cane” y que de ahí a la rebeldía, a la crítica al sistema, había sólo un paso. Y luego de este relajamiento en la escuela venía el desorden completo en las universidades, con responsabilidad directa de la sociología. 

Según los conservadores más fundamentalistas los estudios de sociología se habían extendido demasiado en la Gran Bretaña y aunque continuaron en las universidades británicas perdieron fuerza en favor de las profesiones vinculadas a los negocios. Por otra parte, recién en 1998 el Parlamento británico prohibió la utilización de “la cane” y de los castigos físicos en todas las escuelas del país. 

Estos recuerdos del pasado vienen a propósito de la implementación en nuestro país de la nueva ley de Responsabilidad Penal para reprimir a los niños de 14 años, la que rige a partir del 8 de junio del año en curso. Me declaro ignorante en materias penales y por tanto sólo intento hablar desde la razón y a partir de mi ética secular. 

Es que esta nueva ley me parece un acto de barbarie, similar a esos discursos de conservadores británicos de hace treinta años. Me molesta que el gobierno de Bachelet haya propuesto esta ley y no me sorprende que el Presidente de la UDI, conservador por antonomasia, haya impulsado con tanto entusiasmo esta legislación, incluso considerando la insuficiencia de lugares apropiados para la retención de los jóvenes infractores. 

Aunque ya es difícil sorprenderse por algo, llama la atención que tantos parlamentarios de la Concertación se hayan dejado llevar por el discurso represor de Hernán Larraín. 

Las golpizas a los niños dejan una cicatriz emocional que dura para toda la vida, provocan inseguridades en la adultez e incluso aberraciones de variada naturaleza. Autoridades de gobierno, parlamentarios y jueces han sabido criticar el mal trato a los niños, se ha legislado sobre el particular y escuchamos de tanto en tanto publicidad que apunta a proteger a los niños de los ataques adultos. Sin embargo, en un rapto de esquizofrenia, las instituciones del Estado han aprobado cárcel y endurecimiento de las penas para estos mismo niños. 

Con la ley de Responsabilidad Penal Juvenil se ha cometido un grave error. Se ha impuesto el garrote por sobre la compasión. Con cárcel y endurecimiento de las penas no se corregirán los malos comportamientos en los niños, sino que se engendrará en ellos mayor violencia. Los niños que delinquen provienen de hogares de extrema pobreza, se encuentran excluídos. Son niños que necesitan cariño y un trabajo serio de las instituciones responsables, con recursos adecuados, para que puedan insertarse en la sociedad. 

El garrote no ayuda. Lo que sirve es la compasión, casas de acogida, monitores deportivos y profesores generosos que amen su trabajo. 

26-06-07

miércoles, 22 de diciembre de 2010

Confusión público-privada

El crecimiento de la educación privada es un fenómeno propio de las dos últimas décadas. El peso de ésta y el intento de confundirla con la educación pública obedece al adelgazamiento de las funciones del estado y al desplazamiento de la responsabilidad de éste hacia el mercado, los padres de familia y los maestros. Así las cosas, el resultado inevitable es que un menor ingreso familiar resultará en una mala educación, lo que naturalmente afecta al conjunto de la sociedad y no sólo a los jóvenes pobres.

En nuestro país, las universidades de la cota mil tienen su propia red de relaciones en los grupos económicos, la bolsa de comercio y la banca. Las familias de los ricos juntan su capital social y se lo entregan generosamente a sus hijos. Esas universidades forman a sus jóvenes exclusivamente para las necesidades de la iniciativa privada, dejando de lado la preocupación por el desarrollo nacional. En consecuencia, cuando prima el interés individual y la crítica no está presente la orientación docente favorece la formación profesionalizante.

En el pasado la enseñanza pública, y sus universidades, marcaban claras diferencias con la privada. Ello fue resultado del conjunto de demandas sociales de las élites políticas, intelectuales y de movimientos sociales emergentes proclives a la democratización del país. La instalación del carácter público, laico y gratuito de la enseñanza favoreció un consenso básico y un fundamento cultural común, que permitió durante todo el siglo XX mantener ciertos niveles de cohesión social. Al mismo tiempo, la educación pública promovió con firmeza la defensa de valores como la crítica, la tolerancia y el respeto a la diversidad, alternativa al fundamentalismo religioso y al pensamiento único que estrangulaban el saber.

Consecuentemente, se afinó el espacio educativo por medio de leyes y reglamentos que unificaron la educación, con adecuados controles sobre establecimientos y maestros. Y, los particulares se vieron obligados a someterse a la vigilancia del Estado.

Los tiempos han cambiado y durante las tres últimas décadas se ha restado prioridad a la enseñanza pública, valorizándose más bien el negocio privado en educación, incluidas las universidades. Así las cosas, las universidades públicas se encuentra afectadas no sólo por el exiguo presupuesto que se les asigna, sino también por una acción mucho más devastadora, que apunta al desprestigio de “lo público”.

Por tanto, las universidades públicas, o aquellas privadas con vocación pública, se ven obligadas a defenderse cobrando elevados aranceles y además apelando desesperadamente a su tradición para competir con las casas de estudio de la cota mil.

Vamos por un camino equivocado. El debilitamiento de la universidad pública obedece principalmente a las exigencias que le impone la economía de mercado, pero también a la falta de una plan estratégico universitario ligado al desarrollo del país, así como a la existencia de un presupuesto exiguo que no permite cumplir adecuadamente las actividades académicas y menos la extensión del conocimiento científico y humanístico hacia la sociedad.

Es claro que no hay inversión efectiva en educación e investigación. Pero, es más claro aún que no hay voluntad política para que la universidad cumpla la función que le compete: ser el pensamiento crítico de la sociedad.

Ello explica la confusión entre lo público y lo privado.

Junio, 2010.

domingo, 28 de noviembre de 2010

VOLVER A LOS 17

Los estudiantes han provocado un terremoto de efectos impredecibles. La actual lucha trasciende sus demandas, dejando en evidencia que lo que está en juego es la profundización de la democracia, hasta ahora insuficiente. Porque, al final de cuentas, no hay democracia efectiva si no se asegura el derecho igualitario a la educación y si no se garantiza la participación en construirla. Por ello, el entusiasmo generalizado en favor de los jóvenes y el apoyo decidido de sus padres y profesores. 

Por otra parte, los estudiantes le están mostrando al país el poder de una ciudadanía organizada que exige sus derechos y le advierte al establishment político que puede llegar a sufrir la triste suerte de otros países de América Latina si sus demandas no son acogidas. 

La Constitución Política garantiza la educación, pero en la práctica ésta ha servido para reproducir las desigualdades de origen que caracterizan a una sociedad con amplias brechas económicas y sociales. 

Las reivindicaciones estudiantiles han apuntado contra la derecha política y sus economistas, los que instalaron la Ley Orgánica Constitucional Educacional (LOCE), un día antes que Aylwin asumiera el gobierno. Pero, también, han apuntado contra la desidia de los gobiernos de la Concertación por no haber tenido la voluntad política para modificarla, ni siquiera cuando se hicieron las reformas constitucionales que Lagos promulgó con tanto entusiasmo. 

Los estudiantes han dicho, con razón, que la LOCE ha convertido a la educación en un negocio y en instrumento reproductor de desigualdades. Escuelas privadas para ricos, con una inversión de US$ 2.800 anuales por niño que cubren al 8,5% de los 3,6 millones de los estudiantes. El resto se las debe arreglar con los US$ 600 de inversión estatal por niño, ya sea en las escuelas privadas subvencionadas o en las municipalizadas. 

Esta brecha en recursos explica la falta de alimentación en las escuelas públicas; la existencia de 45 estudiantes por aula, cuando la norma internacional indica que el máximo aceptable son 20. 

Éstas, entre otras deficiencias, se han traducido en una diferencia abismal en la calidad de la educación entre pobres y ricos. Pero, además, las comparaciones internacionales tampoco benefician a nuestro país ya que incluso la que se ofrece en escuelas privadas, con alto costo, es de bajo nivel. Es que gracias a la LOCE, los dueños de las escuelas para ricos y “los sostenedores” de las subvencionadas, como buenos empresarios apuntan prioritariamente a la utilidad y no a la formación de los niños. 

La segunda demanda estudiantil se refiere a la insatisfactoria implementación de la Jornada Educacional Completa (JEC), con insuficiencias tanto en infraestructura como en la incapacidad para entregar jóvenes materias complementarias al currículo de la media jornada. 

A los dos aspectos sustantivos ya anotados se agregan las exigencias por el pasaje gratuito para la locomoción y la eliminación del costo de la PSU para el ingreso a las universidades. 

En consecuencia, para asegurar el futuro de nuestros hijos y además garantizar el progreso económico de Chile no hay más alternativa que apuntar a una transformación radical de la educación. 

En primer lugar, cerrando paulatinamente la brecha en recursos que entrega el Estado en comparación con el aporte que los padres adinerados invierten en sus hijos. La Presidenta, que ha considerado justa la lucha estudiantil, no debiera renunciar a la implementación de un plan para cerrar la brecha existente y hoy día tiene alternativas de recursos: con parte de los fondos provenientes del aumento del precio del cobre para el equipamiento de todas las escuelas públicas; con la eliminación o reducción de la Ley Reservada del cobre que beneficia a las FF.AA; y, dando término al subsidio que actualmente obtienen las empresas constructoras, gracias a la exención del pago del IVA. 

El segundo ámbito de transformación obliga a reconocer el fracaso de la dependencia municipal, imponiendo a los gobiernos regionales y provinciales que se hagan cargo de la educación pública no subvencionada y que ejerzan una regulación efectiva sobre las privadas subvencionadas. 

La eliminación de la LOCE, el término de la responsabilidad municipal de su actual función educacional y los recursos adicionales para cerrar la brecha entre las escuelas para ricos y pobres son iniciativas indispensables para transformar la educación chilena. 

Los jóvenes se han pronunciado. Ahora es el turno de la macroeconomía exitosa y de la voluntad política. 

30-05-06

VANGUARDIA ESTUDIANTIL

Los estudiantes están desafiando al neoliberalismo donde las injusticias son más evidentes: en la desigualdad de la educación. La calidad de ésta se encuentra reservada para los hijos de las familias más ricas de Chile. La escuela privada dispone de los mejores profesores y de la mejor infraestructura, asegurando buenos resultados académicos, lo que permite a sus egresados acceder a la Universidad Católica y a algunas universidades privadas del Opus Dei y de los Legionarios de Cristo. Ello les asegura a los dueños del Poder Económico y a parte del Poder Político: por una parte, que sus hijos vean el mundo acríticamente; y, por otra parte, que sus descendientes adquieran el máximo de capacidades instrumentales para así administrar un sistema económico y político en el que predominan el individualismo, las desigualdades y la ganancia empresarial. 

En cambio, el Estado se ha hecho cargo de la ampliación de la cobertura. Le ha correspondido la tarea de la educación para los estudiantes pobres y de sectores medios, a través de las municipalidades y de los subsidios a sostenedores de las escuelas privadas. 

Esta educación, que recibe al 90% de los niños chilenos sirve, en realidad para muy poco. 

La limitada infraestructura, la escasez de alimentación, el desinterés de sostenedores inescrupulosos, las debilidades de los municipios, las condiciones materiales y culturales de los hogares pobres e incluso el maltrato de los micreros, son factores que impiden que las desigualdades de origen entre niños pobres y ricos puedan reducirse a través de la educación. 

Todo esto se amplifica con la inversión anual de $ 300.000 por estudiante que hace el Estado contra los $ 1.400.000 que realizan los padres ricos en sus propios hijos. Y como el Ministerio de Educación y las municipalidades no han sido particularmente eficientes, las debilidades de la enseñanza con financiamiento público se ven acrecentadas. 

Así las cosas, al terminar la enseñanza media los jóvenes provenientes de la educación municipalizada tendrán bajos puntajes en la PSU, ingresarán a universidades de baja calidad, estudiarán profesiones sin demanda en el mercado y se convertirán en desocupados. En el mejor de los casos serán empleados, con bajos salarios, de los jóvenes de su misma generación que llegarán a ser ejecutivos de empresas gracias a sus estudios de calidad en Chile y en el extranjero. 

El futuro de nuestros niños se encuentra definido de antemano. Se juega con cartas marcadas. 

La derecha protege el negocio de la educación que inventaron los economistas de Pinochet y lo consagraron en la Ley Orgánica Constitucional de Educación (LOCE). Pero, los gobiernos de la Concertación han sido incapaces de enfrentar la desigualdad de la educación y no han mostrado voluntad política para erradicar esa ley de amarre que significa la LOCE, dejándola excluida de las reformas constitucionales que impulsó Lagos a finales de su gobierno. Y dieciseis años es mucho esperar cuando la clase política y sus economistas se autocomplacen de tanto éxitos económicos, avances sociales y de una fluida transición política. 

Consecuentemente, no debiera sorprender que la educación se convierta en un tema principal de la agenda nacional y que los directamente afectados exijan su transformación. 

Sin embargo, lo que sorprende es que los mismos afectados, niños y adolescentes, hayan tenido la capacidad para organizarse, sistematizar sus demandas y colocarse a la vanguardia de la primera gran protesta nacional contra uno de los baluartes del neoliberalismo: la educación para pobres y para ricos; la educación como un negocio; la educación reproductora de las desigualdades. 

Los niños se han convertido en vanguardia, colocando tras de si a los profesores, a sus propios padres, a los medios de comunicación y a toda la sociedad chilena. Se han movilizado cientos de miles de estudiantes secundarios, con el apoyo de escuelas privadas y estudiantes universitarios. Hace más de treinta años que no se veía una movilización de la misma envergadura. Y es un hecho relevante en un país caracterizado hoy día por la resistencia a la crítica y a las movilizaciones. 

La movilización de los niños y su demanda por terminar con la desigualdad en la educación es un golpe al corazón de uno de los enclaves neoliberales. Cómo la Concertación no pudo o no quiso enfrentar el problema, los niños han encontrado la fuerza y la voluntad para transformar esa educación injusta y antidemocrática. Los recursos están. Las platas del cobre, el 10% de los gastos reservados para compras militares o los subsidios a las constructoras están a disposición de la Presidenta para dar respuesta a las demandas estudiantiles. Tiene la oportunidad en sus cuatro años de gobierno. Porque no tiene explicación alguna acumular dinero para gastar en el futuro las platas del cobre, cuando es precisamente el futuro de los jóvenes lo que está en juego y éste se decide en el presente. Tampoco la defensa se garantiza con las platas reservadas del 10% de las ventas del cobre y más bien se debilita si no formamos a los niños con una educación de calidad que potencie nuestra fuerza nacional. Y, si ninguno de esos recursos se desea gastar, por lo menos eliminemos el subsidio a las empresas constructoras y utilicemoslo para invertir en educación. 

Más recursos, la eliminación de la LOCE y una jornada escolar completa efectiva, es el camino para mejorar la educación de nuestro jóvenes. Están todas las condiciones para avanzar en una dirección positiva. La propia Presidenta ha valorado el movimiento estudiantil y su discurso siempre ha sido reconocer el accionar ciudadano. Es esta la mejor oportunidad para profundizar la democracia y para derribar los amarres institucionales que en el plano económico y social nos dejaran la dictadura y sus economistas. 

La lección que los jóvenes le están dando al país debiera ayudar a reemplazar a una clase política que le ha cerrado las puertas a la juventud para reproducirse en el poder sin competencia.

UNIVERSIDAD A MEDIA ASTA

El rector de la Universidad de Chile, Luis Riveros, impactó a la opinión pública y descontroló al Ministro Bitar al cerrar las puertas de la Casa Central, colocando bandera a media asta en señal de luto por la falta de recursos para financiar a sus estudiantes. Con su gesto, el rector apoyaba el contenido de las demandas de los estudiantes en huelga para modificar un sistema de crédito universitario que afecta no sólo a la Casa de Bello sino a todas las universidades públicas de nuestro país. 

El rector fue categórico en afirmar que “el Fondo Solidario está colapsado”. Pero, en realidad, la media asta simboliza mucho más que la crisis financiera. Representa el desastre en que se ha transfomado la educación superior en nuestro país. 

La dramática realidad es que la educación en Chile se ha convertido en un negocio, con costos inaccesibles para el 80% de las familias chilenas. Como el ingreso de éstas es inferior a los $ 400.000 mensuales, esas familias se encuentran en la insoslayable disyuntiva de endeudarse por largos años o que sus hijos no ingresen a la universidad. 

Las familias más pobres, ni siquiera pueden endeudarse por no ser sujetos de crédito bancario y sólo pueden apelar al Fondo Solidario de Crédito Universitario. Sin embargo, el déficit del Fondo Solidario es creciente. Ello obligará a la autoridad universitaria a reasignar recursos desde otras actividades para entregar financiamiento a los estudiantes más pobres y, de todos modos, quedarán cientos de estudiantes modestos, ya seleccionados por la Casa de Bello, sin poder pagar sus estudios. 

Otro año más que no se cumplirá lo que nos asegurara el candidato Lagos en Curanilahue: “En mi gobierno, ningún joven chileno con méritos quedara fuera de la educación. El Crédito Fiscal y las Becas serán para todos los que lo merezcan, tanto en la educación universitaria como en la técnico-profesional”. 

Pero, los problemas de la educación superior van mucho más allá de la falta de recursos y de la indefensión de las universidades públicas. Está también la proliferación de universidades privadas de nula calidad, la entrega de títulos en base a cursillos acelerados, el egreso de muchos profesionales que no se corresponden con las demandas del país. 

Estas realidades, entre otras, ponen en evidencia el fracaso del modelo de educación existente en nuestro país. 

El modelo de educación superior vigente desde Pinochet, y no modificado por los gobiernos de la Concertación, les exige a las universidades públicas autofinanciarse y enfrentar la competencia mercantil. 

En tales condiciones, se han visto obligadas a la venta de servicios y patrimonio, al aumento desmedido de cupos y aranceles, a la proliferación de diplomados y cursillos varios, con manifiesta disminución de la calidad docente y restricción de la inversión tanto para investigación como para extensión cultural. 

Ello ha favorecido la ofensiva y posicionamiento de las universidades privadas, las que con apoyo empresarial están en mejores condiciones para enfrentar el “mercado educacional”. 

Para éstas se trata de un negocio muy lucrativo que sirve además para consolidar el pensamiento único y fundamentar las políticas que promueven los grandes empresarios, las transnacionales y la derecha. 

Así las cosas, se han fortalecido las universidades de los Legionarios de Cristo, del Opus Dei, de la UDI, de grupos económicos nacionales e estranjeros. Entre estas últimas llama particularmente la atención el consorcio norteamericano Sylvan International Universities que junto con comprarse las universidades del Desarrollo y la Andrés Bello, ha desatado una ofensiva publicitaria millonaria para reclutar estudiantes. 

La competencia de las universidades públicas con las universidades-empresas ha convertido a los estudiantes en “clientes” del “negocio educacional”. Se desvirtúa así la esencia de la Universidad. Ésta ya no apunta en favor del pluralismo y de la crítica, se aleja de la producción cultural, no participa del debate para la construcción de país, no aporta al diseño de las políticas públicas ni a la solución de los problemas sociales. 

El conocimiento se produce hoy a la medida de quien lo compra y no para la satisfacción de las necesidades nacionales. La ideología se sobrepone al desarrollo de la ciencia. Ello explica la fuerza incontrarrestable del pensamiento único, el que además es promovido por los centros de investigación y los medios de comunicación de la derecha. 

El modelo actual de universidad se ha constituido en el principal instrumento de reproducción ideológica de las fuerzas conservadoras y, por tanto, en una camisa de fuerza que frena el desarrollo nacional. 

El rector Riveros ha cuestionado el inmovilismo estatal frente a la crisis de las universidades públicas y la concepción mercantilista existente en la educación. Ha sostenido que la Universidad de Chile se encuentra privatizada de hecho cuando el aporte público no supera el 14% de sus ingresos. 

Más allá de cierta discrepancia en las cifras, la respuesta del Ministro Bitar no hace sino reafirmar esa concepción que viene criticando el rector. Bitar ha afirmado: “La Universidad tiene que estar preparada para una competencia cada vez mas dura". Los planteles estatales... "deben sacudirse de la visión del pasado de que por ser públicos deben recibir todo del Estado".( La Segunda, 7-julio-2004). 

De no mediar un replanteamiento de la actual política de educación superior, las universidades públicas terminarán en poder de los grupos económicos nacionales y extranjeros. 

El replanteamiento debiera apuntar en una doble dirección. Establecer una nuevo marco regulatorio que elimine la nefasta competencia mercantíl entre las universidades públicas y privadas; y, terminar con el autofinanciamiento de las universidades públicas para promover el libre desarrollo de la investigación y docencia, en las ciencias, la filosofía y las artes. 

En ningún caso ello excluye las exigencias de ordenamiento administrativo, financiero y de control por resultados que impone el mundo actual al sector público. 

Lo que debiera entenderse es que la actual crisis de la universidad pública no es principalmente financiera, sino que es global y obedece a la ausencia de una concepción progresista para la educación superior y, en particular sobre rol de la educación pública. 

Por cierto, esa concepción debe tener expresión presupuestaria, consistente con los objetivos del desarrollo nacional. Los discursos entusiastas de las autoridades gubernamentales sobre crecimiento económico, inserción internacional y equidad no son más que retórica cuando se regatean los recursos en favor de la ciencia y tecnología, cuando se reduce el financiamiento de las universidades para la investigación y la cultura, cuando se excluye a los jóvenes pobres de la formación superior y, sobre todo, cuando se acepta que la educación es un bien privado más que debe transarse en el mercado. 

Una visión distinta hacia las universidades, con recursos apropiados, que los sectores pudientes de la sociedad debieran aportar, es imprescindible para reducir desigualdades y favorecer la integración social. También es necesaria para promover las libertades, estimular el pluralismo y la diversidad. 

Finalmente, la inversión en profesionales y técnicos de calidad es condición indispensable para alcanzar una inserción efectiva en el mundo internacional. 

Existen, entonces, razones muy poderosas que fundamentan la protesta estudiantil y el apoyo que a ésta le ha entregado el rector Riveros. 

O8-07-04

LOS ESTUDIANTES Y LA PRESIDENTA

Las movilizaciones estudiantiles han terminado. Al igual que en Paris y en Atenas han tenido que ser los más jóvenes quienes dirijan las luchas por reivindicaciones latentes, pero acalladas. Las desigualdades más manifiestas en Chile se encuentran en la educación y ésta se encarga de reproducirlas al conjunto de la sociedad impidiendo el progreso e integración de los más pobres. 

Los estudiantes triunfaron, lograron algunos beneficios materiales inmediatos para los más pobres y situaron en el centro de la discusión política la transformación de la Ley Orgánica Constitucional de la Enseñanza (LOCE). Uno de los enclaves que nos lego la dictadura para reproducir las desigualdades se ha venido abajo gracias a la lucha de los propios afectados. 

Hasta ahora los gobiernos de la Concertación fueron incapaces de erradicar el enclave y los estudiantes han dado el primer paso para lograrlo. 

Pero, lo más importante de todo es que los estudiantes se convirtieron en sujeto activo de nuestra historia. Es difícil imaginar que Karina, María José y el resto de los voceros de la movilización permanezcan al margen de lo que viene en nuestro país. Es difícil imaginarlos fuera de las discusiones sobre el injusto sistema previsional y de tantas otras inequidades que caracterizan a la sociedad chilena. 

Tenemos un nuevo actor que seguramente estará presente en las luchas contra la exclusión y el avasallamiento que han impuesto los grupos económicos y sus medios de comunicación. 

Pero esto no habría sido posible sin la campaña electoral que reivindicó la participación ciudadana por sobre la hegemonía de los partidos políticos. Ello fue lo que quisieron los chilenos que votaron por Michelle Bachelet y la instalaron en el sillón de O´Higgins el 11 de marzo. 

Este es el otro nuevo actor en nuestro país. 

En efecto, desde el comienzo de la campaña presidencial, Michelle Bachelet sorprendió a la clase política introduciendo la necesidad de incorporar la participación y el diálogo ciudadano a la solución de los problemas que afectan a nuestro país. 

La derecha ha ridiculizado esta forma de hacer política. Consideran que el diálogo ocupa mucho tiempo y les asusta la movilización ciudadana. Es comprensible ya que están acostumbrados al autoritarismo. 

Por otra parte, la Concertación se encuentra perpleja ante esta forma de acción presidencial. Los dieciséis años de acomodamiento a posiciones de poder instalan en la conciencia y en el quehacer un dañino conservadurismo. 

Muchas denuncias y críticas al gobierno anterior han demostrado que la premura por ofrecer soluciones rápidas a la ciudadanía no siempre conllevan eficiencia. Paralelamente, la historia ha demostrado que sin participación y consensos reales los avances no son efectivos sino ficticios. 

El reconocimiento a las demandas estudiantiles, las soluciones propuestas por el gobierno, en diálogo con los estudiantes, y la finalización exitosa del conflicto constituyen la mejor prueba de ello. 

Por lo tanto, aunque los Consejos creados para la reforma previsional y la reforma educacional ocupen más tiempo de lo que muchos quisieran es preferible que las soluciones sean bien pensadas, con la participación de todos los actores, para ser cumplidas a conciencia y cabalmente. 

Nuestro país logrará solucionar sus problemas con la participación decidida de la ciudadanía y, por cierto, con la vitalidad e inteligencia que han mostrado los jóvenes en las últimas semanas. Pero, también la solución de los problemas necesita de un gobierno que promueva, y no frene, el movimiento ciudadano. La Presidenta Bachelet dio prueba de ello durante el conflicto estudiantil, ratificando el discurso que la caracterizó durante su campaña. 

13-06-06

LIDERAZGO ADOLESCENTE

Los estudiantes están desafiando al neoliberalismo donde las injusticias son más evidentes: en la desigualdad de la educación. La calidad de ésta se encuentra reservada para los hijos de las familias más ricas de Chile. La escuela privada dispone de los mejores profesores y de la mejor infraestructura, asegurando buenos resultados académicos, lo que permite a sus egresados acceder a la Universidad Católica y a algunas universidades privadas del Opus Dei y de los Legionarios de Cristo. Ello les asegura a los dueños del Poder Económico y a parte del Poder Político: por una parte, que sus hijos vean el mundo acríticamente; y, por otra parte, que sus descendientes adquieran el máximo de capacidades instrumentales para así administrar un sistema económico y político en el que predominan el individualismo, las desigualdades y la ganancia empresarial. 

La ampliación de la cobertura, muy valorada por el establishment, se encuentra a cargo del Estado. A éste le ha correspondido la tarea de la educación para los estudiantes pobres y de sectores medios, a través de las municipalidades y de los subsidios a sostenedores de las escuelas privadas. Esta educación, que recibe al 90% de los niños chilenos sirve, en realidad para muy poco. 

La limitada infraestructura, la escasez de alimentación, el desinterés de sostenedores inescrupulosos, las debilidades de los municipios, las condiciones materiales y culturales de los hogares pobres e incluso el maltrato de los micreros, son factores que impiden que las desigualdades de origen entre niños pobres y ricos puedan reducirse a través de la educación. 

Todo esto se amplifica con la inversión anual de $ 300.000 por estudiante que hace el Estado contra los $ 1.400.000 que realizan los padres ricos en sus propios hijos. Y como el Ministerio de Educación y las municipalidades no han sido particularmente eficientes, las debilidades de la enseñanza con financiamiento público se ven acrecentadas. 

Así las cosas, al terminar la enseñanza media los jóvenes provenientes de la educación municipalizada tendrán bajos puntajes en la PSU, ingresarán a universidades de baja calidad, estudiarán profesiones sin demanda en el mercado y se convertirán en desocupados. En el mejor de los casos serán empleados, con bajos salarios, de los jóvenes de su misma generación que llegarán a ser ejecutivos de empresas gracias a sus estudios de calidad en Chile y en el extranjero. El futuro de nuestros niños se encuentra definido de antemano. Se juega con cartas marcadas. 

La derecha protege el negocio de la educación que inventaron los economistas de Pinochet y lo consagraron en la Ley Orgánica Constitucional de Educación (LOCE). Pero, los gobiernos de la Concertación han sido incapaces de enfrentar la desigualdad de la educación y no ha mostrado voluntad política para erradicar esa ley de amarre que significa la LOCE, dejándola excluida de las reformas constitucionales que impulsó Lagos a finales de su gobierno. Y dieciseis años es mucho esperar cuando la clase política y sus economistas se autocomplacen de tanto éxitos económicos, avances sociales y de una fluida transición política. 

Consecuentemente, no debiera sorprender que la educación se convierta en un tema principal de la agenda nacional y que los directamente afectados se exijan su transformación. 

Sin embargo, lo que sorprende es que los mismos afectados, niños y adolescentes, hayan tenido la capacidad para organizarse, sistematizar sus demandas y colocarse a la vanguardia de la primera gran protesta nacional contra uno de los baluartes del neoliberalismo: la educación para pobres y para ricos; la educación como un negocio; la educación reproductora de las desigualdades. 

Los niños se han convertido en vanguardia, colocando tras de si a los profesores, a sus propios padres, a los medios de comunicación y a toda la sociedad chilena. Se han movilizado cientos de miles de estudiantes secundarios, con el apoyo de escuelas privadas y estudiantes universitarios. 

Hace más de treinta años que no se veía una movilización de la misma envergadura. Y es un hecho relevante en un país caracterizado hoy día por la resistencia a la crítica y a las movilizaciones. 

La movilización de los niños y su demanda por terminar con la desigualdad en la educación es un golpe al corazón de uno de los enclaves neoliberales. 

Cómo la Concertación no pudo o no quiso enfrentar el problema, los niños han encontrado la fuerza y la voluntad para transformar eas educación injusta y antidemocrática. 

Los recursos están. Las platas del cobre, el 10% de los gastos reservados para compras militares o los subsidios a las constructoras están a disposición de la Presidenta para dar respuesta a las demandas estudiantiles. Tiene la oportunidad en sus cuatro años de gobierno. Porque no tiene explicación alguna acumular dinero para gastar en el futuro las platas del cobre, cuando es precisamente el futuro de los jóvenes lo que está en juego y éste se decide en el presente. 

Tampoco la defensa se garantiza con las platas reservadas del 10% de las ventas del cobre y más bien se debilita si no formamos a los niños con una educación de calidad que potencia nuestra fuerza nacional. Y, si ninguno de esos recursos se desea gastar, por lo menos eliminemos el subsidio a las empresas constructoras y utilicemoslo en invertir en educación. 

Más recursos, la eliminación de la LOCE y una jornada escolar completa efectiva, es el camino para mejorar la educación de nuestro jóvenes. 

Están todas las condiciones para avanzar en una dirección positiva. La propia Presidenta ha valorado el movimiento estudiantil y su discurso siempre ha sido reconocer el accionar ciudadano. Es esta la mejor oportunidad para profundizar la democracia y para derribar los amarres institucionales que en el plano económico y social nos dejaran la dictadura y sus economistas.

BIEN POR BITAR, MEJOR POR PAVEZ

He criticado al Gobierno y a la Concertación porque no se cumplen los compromisos que se establecieron en el programa. La crítica es buena para la democracia y necesaria para ayudar a romper la burbuja en que se mueven los altos funcionarios públicos y la mayoría de los políticos. Me preocupan las desigualdades y mucho he lamentado las señales e iniciativas gubernamentales que han ayudado a acentuarlas. Sin embargo, debo reconocer que el reciente acuerdo entre el Ministerio de Educación y el Colegio de Profesores constituye un aliento para los que creemos que el actual gobierno de la Concertación debería haber concentrado sus mayores esfuerzos en disminuir las desigualdades. 

El reajuste salarial de 15%, en una perspectiva de tres años, junto a los incentivos por desempeño apuntan, en mi opinión, en una dirección correcta. El mejoramiento de la educación básica y media es una prioridad indiscutible para el desarrollo económico y el progreso social. No es la solución a la pésima distribución del ingreso en Chile, como insisten de forma majadera y monocorde los economistas del establishment para defender a sus patrones y eludir la discusión sobre la concentración de la riqueza en pocas manos. 

Sin embargo, sí efectivamente se logra que la calidad de la educación pública avance ello ayudará en parte a que los jóvenes de familias pobres tengan superiores oportunidades en la vida. 

El mejoramiento salarial de los profesores constituye un estímulo para recompensar el inmenso sacrificio y responsabilidad de quienes tienen a cargo la formación de nuestros hijos durante gran parte del día. Los incentivos por desempeño, por otra parte, constituyen un reconocimiento de la directiva del Colegio de Profesores que en el mundo actual no es posible eludir la calidad. 

La aceptación de esta realidad debe ser valorada ya que significa un sacrificio para los profesores en una sociedad caracterizada por la desprotección y la vulnerabilidad. Al fin tenemos, entonces, un compromiso justo e inteligente entre los profesores y el gobierno, que les permitirá trabajar con mayor tranquilidad y menores tensiones durante los próximos tres años. 

Debemos aplaudir el esfuerzo de Jorge Pavez ya que sin su perseverancia y entendimiento hubiese sido imposible alcanzar el acuerdo. Hay que reconocer también el trabajo de Sergio Bitar quien privilegió el diálogo con los profesores en vez de la intransigencia. 

Ojalá se pudiera avanzar también con la misma inteligencia en el plano de la educación superior; en este caso para modificar la lógica mercantil que la ha convertido en un desastre. 

Los estudios superiores se han consolidado como un bien privado, con costos altísimos para los jóvenes de familias de modestos ingresos; vale decir, para la mayoría de la población. 

Nada ha hecho la Concertación por modificar el sistema impuesto por los empresarios y economistas de la dictadura, que convirtieron la educación superior en un negocio que además ofrece un pésimo producto. 

Lamentablemente, las universidades públicas, con un financiamiento estatal seriamente disminuido, se han visto forzadas al mismo régimen mercantil de las privadas. Esto las ha empujado a aumentos de cupos y aranceles, sin planificación académica ni criterio social alguno, mientras reducen inversiones para la investigación y extensión cultural. 

Es fácil explicarse, entonces, la disminución de la influencia de la universidad pública en la sociedad, lo que ha ayudado a consolidar el pensamiento único proveniente de los centros privados. Éstos cuentan con generoso financiamiento y orientaciones de los grandes grupos económicos, partidos políticos de la derecha y órdenes religiosas conservadoras. 

Así como el reciente acuerdo entre Pavez y Bitar apunta a fortalecer la educación básica y media, se necesitan iniciativas imaginativas para potenciar la educación pública superior y mejorar así la calidad de nuestros universitarios, promover la investigación, favorecer la excelencia académica y estimular la diversidad, terminando con los criterios de mercado que sólo han dañado a la educación superior. 

Bien, entonces, por el empeño de Bitar en alcanzar un buen acuerdo con el Colegio de Profesores. Mejor por el esfuerzo de Pavez, que ha perseverado en la organización de los profesores, para alcanzar salarios dignos y una educación de calidad que favorezca a todos los chilenos. Ello le ha significado además el reconocimiento del conjunto de las fuerzas sociales que buscan mejorar sus condiciones de vida. 

16-12-03

martes, 23 de noviembre de 2010

CONTRA EL LUCRO Y LA EXCLUSION

A escasas semanas que la Presidenta se instaló en La Moneda se produjo la movilización social más masiva registrada durante los gobiernos de la Concertación. Los estudiantes de la enseñanza media reclamaron desde Arica a Punta Arenas por la mala calidad de la educación, destacaron las desigualdades que la caracterizan y llamaron a eliminar la Ley Orgánica Constitucional de Educación (LOCE), que estableció la dictadura. 

El apoyo generalizado de la población al movimiento estudiantil puso en evidencia que las familias de Chile se sentían plenamente representadas por sus hijos. Ello permitió colocar en la agenda pública la modificación del sistema educacional, obligando al repliegue transitorio de los fundamentalistas del libre mercado y los promotores de la exclusión social. 

Como se sabe, la calidad de la educación se encuentra reservada a los hijos de las familias ricas de Chile. La escuela privada paga los mejores profesores y cuenta con adecuada infraestructura. Ello permite a sus egresados obtener lo más altos puntajes en la PSU, accediendo a las mejores universidades. Así, los dueños del Poder Económico y de la elite política del país aseguran que sus descendientes puedan alcanzar elevadas capacidades instrumentales para administrar el sistema económico y político que controlan. 

Adicionalmente, la segmentación social y territorial que caracteriza a estas escuelas reproduce en los jóvenes el clasismo, racismo e individualismo propio de las familias ricas lo que se constituye, por otra parte, en seria limitante a su formación integral. 

El resto del sistema educacional, a la que accede el 90% de los niños en edad escolar, atiende a las familias pobres y de clase media, tanto mediante las escuelas municipalizadas financiadas por el Estado como bajo la administración de comerciantes “sostenedores” que, utilizando subsidios estatales, lucran con la enseñanza. Ambos tipos de escuelas cuentan con infraestructura limitada, elevado número de alumnos por aula, escasez de alimentación, sostenedores inescrupulosos, debilidades de los municipios. 

A esto se agregan las reducidas condiciones materiales y culturales de los hogares pobres lo que dificulta aún más el aprendizaje escolar. Así las cosas, y con contadas excepciones, los jóvenes provenientes de la educación municipalizada y de la privada subvencionada muestran bajos puntajes en la PSU, ingresan a universidades de baja calidad y estudian profesiones sin demanda en el mercado. 

Ello ha hecho crecer un ejército de profesionales desocupados que, en el mejor de los casos, pueden llegar a servir como empleados, con bajos salarios, de los jóvenes de su misma generación que se han convertido en ejecutivos de empresas, gracias a sus estudios de calidad en Chile y en el extranjero. 

El futuro de los niños de Chile está definido en su nacimiento. Se juega con cartas marcadas. 

En consecuencia, el sistema educacional chileno, en vez de servir para integrar a los niños de distintos orígenes sociales, promover la convivencia en comunidad, estimular la promoción social, favorecer un mismo lenguaje y valores, se ha convertido en instrumento de exclusión y ampliación de desigualdades. Por otra parte, como las familias adineradas pueden comprar una mejor educación ésta ha dejado de ser un derecho para convertirse en una mercancía, sin garantías de calidad similar para todos los niños. 

Después de un intenso trabajo técnico del Consejo de Educación y presentado el proyecto de ley de reforma al Congreso, todos aquellos que bajaron su perfil en las movilizaciones estudiantiles han contraatacado con furia. Rancios apellidos asumieron la vanguardia. Los dos Larraín, presidentes de la UDI y el de RN, con la asesoría de la Sra. Patricia Matte, atacaron con virulencia la eliminación del lucro en la educación, que propone el proyecto de ley. Luego se lanzaron al ruedo los editorialistas de El Mercurio y de La Tercera, y sus columnistas estrellas. A éstos los siguieron los dirigentes empresariales de la Confederación de la Producción y el Comercio y, como siempre, algún economista de Libertad y Desarrollo. La clase dominante en pleno, con la ayudita de uno que otro personero de la Concertación, atacó vigorosamente el proyecto. 

La derecha nunca imaginó que el rechazo al lucro en la educación, eje de las demandas estudiantiles, llegaría a ser parte del proyecto de ley. Su reacción, cercana a la histeria, tiene una sola explicación. Por primera vez, después de 17 años de gobiernos de la Concertación, se cuestiona uno de los pilares del neoliberalismo: el reconocimiento al lucro en el área social y la existencia de un Estado que ha renunciado a la universalización de las políticas sociales, limitando su accionar a la focalización. 

El desafío que coloca el proyecto a los intereses empresariales, pero sobretodo el cuestionamiento al libremercadismo totalitario es lo que preocupa a la derecha. 

Más allá de las preocupaciones ideológicas de la derecha y de la defensa de sus intereses económicos, la demanda por una educación decente y sin discriminaciones para todos los niños, hijos de familias ricas y pobres, es justa y necesaria. Está en juego el desarrollo económico del país, que no se sostiene con la actual educación. Está en juego la estabilidad de sistema político, con excluidos que acrecientan su violencia. Esta en juego la ética nacional, que no resiste el aumento de las desigualdades en medio de una aguda concentración del ingreso. 

La sociedad civil lo ha entendido y por ello los estudiantes han exigido el término de la LOCE, el fin del lucro y la eliminación de toda discriminación en la educación. 

El proyecto de ley recoge el sentir democrático de la ciudadanía. 

18.04.07

¡Ay, la educación!

La educación chilena se ha convertido en una tragedia. Los tres grandes liceos fiscales, el Instituto Nacional, el Lastarria y el Liceo Aplicación, cuna de formación cívica y Alma Mater de destacados próceres republicanos, se encuentran desvencijados, con vidrios rotos, baños nauseabundos y subterráneos propios de películas de terror. 

A este hecho, que estremece el corazón, se agrega esa estadística lamentable de la bajísima calidad de la enseñanza básica y media, tanto en escuelas municipalizadas como en las privadas subvencionadas. 

Entretanto, los dueños y directivos de escuelas y universidades privadas se enriquecen con una educación convertida en negocio mientras publicitan las bondades del Opus Dei, de los Legionarios de Cristo y cierran las puertas al pensamiento diverso. 

A su turno, las universidades tradicionales, acogotadas con una política fiscal restrictiva, torpe e indolente, se ven obligadas a financiarse con elevados aranceles, que compiten con las privadas en su agresión al bolsillo de las familias modestas de nuestro país.

El sistema educacional pinochetista ha culminado en un desastre. 

Los hijos de familias de bajos ingresos reproducen la miseria de sus padres en escuelas municipalizadas inservibles y subvencionadas, que enriquecen a empresarios inescrupulosos. 

Por su parte, la multiplicación de universidades privadas sólo ha servido para engañarnos con esa mentira del mayor acceso de los jóvenes a la educación superior. Sin embargo, en la práctica tal acceso resulta inconducente ya que todas las comparaciones internacionales revelan hasta el cansancio la bajísima calidad de nuestras universidades.  

Chile resulta bueno en indicadores macroeconómicos y riesgo país pero pésimo en enseñanza.

La razón está de parte de los jóvenes cuando protestan para erradicar un sistema educacional inservible y corrompido. Lamentablemente, las demandas de la masiva lucha estudiantil del 2006 fueron domesticadas por la farándula y luego anuladas con una comisión interminable que culminó en un evidente gatopardismo. Todo o casi todo es lo mismo, con la LOCE convertida en LGE, pero con las mismas escuelas bajo la tuición de municipios frágiles y con la persistencia del lucro en las escuelas subvencionadas. 

En tales condiciones el descontento ha recrudecido y los estudiantes vuelven a las calles, se toman establecimientos y radicalizan su lucha.  Es que los jóvenes se sienten engañados.

Así las cosas, está cantado que la mala educación continuará y su división clasista se acentuará. Las mejores escuelas seguirán reservadas para los hijos de las familias ricas de Chile, con los más altos puntajes en la PSU, accediendo así a las mejores universidades. Los dueños del Poder Económico y de la elite política del país tendrán en sus descendientes asegurada la administración del sistema económico y político que controlan. 

Y, la segmentación social y territorial que caracteriza a estas escuelas seguirá reproduciendo en los jóvenes del barrio alto el clasismo, racismo e individualismo propio de las familias ricas.

Entretanto, persistirá la mala educación para el 90% de los niños chilenos, en las escuelas municipalizadas y privadas subvencionadas. Los que accedan a la educación superior, con sus bajos puntajes en la PSU, ingresarán a universidades de baja calidad y estudiarán profesiones sin demanda en el mercado. 

Crecerá el ejército de profesionales desocupados y en el mejor de los casos llegarán a servir como empleados de los jóvenes de su misma generación que serán ejecutivos de las empresas de sus padres. 

El futuro de los niños de Chile está definido en el nacimiento.

El sistema educacional chileno, en vez de servir para integrar a los niños de distintos orígenes sociales, promover la convivencia en comunidad, estimular la promoción social, favorecer un mismo lenguaje y valores, se ha convertido en instrumento de exclusión y ampliación de las desigualdades. 

Así es y será, con LOGE y LGE.

La demanda por una educación decente y sin discriminaciones para todos los niños, hijos de familias ricas y pobres, es justa y necesaria. Está en juego el desarrollo económico del país, que no se sostiene con la actual educación. Está en juego también la estabilidad del sistema político, con excluidos que acrecientan su violencia. 

Los estudiantes lo han entendido mejor que nadie y por ello exigieron el término de la LOCE, el fin del lucro y la eliminación de toda discriminación en la educación. Por ello también han rechazado la LGE la que no resuelve esa tragedia que significa la educación chilena.

13-08-08

lunes, 22 de noviembre de 2010

El hundimiento del Aplicación

Estudié en el Liceo de Aplicación. Cursé allí los años de la educación básica y media. Conviví en sus aulas y patios con niños de los más diversos orígenes sociales: hijos de familias obreras, empleados públicos y empresarios. El rector Contreras y el Inspector Isamit educaban, con rigor y ternura, en la austeridad y la decencia. Julio Cesar Jobet, Enrique Cañas Flores e Izquierdo Araya, figuras de la política nacional, de variados orígenes doctrinarios, nunca vacilaron en dedicar su tiempo a enseñarnos la historia y geografía de Chile, destacando siempre la importancia de los valores cívicos. 

El profesor Dujisin nos obligaba a convertirnos en memoriosos Funes, exigiéndonos multiplicar mentalmente cifras de tres números mientras el profesor Gutiérrez despertaba nuestro letargo con un inmenso llavero que, con una puntería impecable, enviaba a los pupitres cuando la ortografía nos era esquiva. 

Y para desahogar las recargadas energías, detrás del colegio, en la calle Concha y Toro, se concretaban desafíos pugilísticos que resolvían absurdas disputas juveniles. El Aplicación, me dejó grandes recuerdos y creo, ayudó a muchas generaciones con su exigente formación intelectual y ética.

El desplome del edificio del Aplicación, que ha seguido al que vivió el Instituto Nacional, me ha estremecido. No es posible que hayan pasado largas décadas y no se haya invertido un peso en reparar y mejorar las instalaciones del Aplicación que ya en mis años de niñez era bastante antiguo. En verdad, resulta intolerable que no se haya construido un nuevo edificio para la educación de las nuevas generaciones en un colegio de tan larga tradición. 

Y a la hora de las responsabilidades, cuando literalmente el desgaste de materiales hundió el colegio y se accidentaron 23 niños, resulta lamentable que se pasen la pelota entre el municipio y el Ministerio de Educación y al final todos se encogen de hombros.

Sólo cuando la presión se convierte en insostenible, nos anuncia el Ministerio de Educación que los “colegios emblemáticos” recibirán recursos para reparaciones. ¿Y los colegios públicos que no son emblemáticos? Habrá que esperar quizás varios años más para que se disponga de algunos otros recursos, cuando se produzca un nuevo accidente en algún colegio público no emblemático.

Las medidas de parche no resuelven el problema principal que caracteriza a la educación chilena. 

La educación pública está en el suelo, no sólo porque se derrumban sus instalaciones sino porque no se hacen esfuerzos ni se dispone de recursos para mejorar su calidad. En los hechos se ha privilegiado la educación privada. 

Se ha consagrado en el país una educación inservible para los pobres y capas medias, junto a una educación privada empresarial para las familias de altos ingresos. Así las cosas, los niños pobres tiene asegurada la pobreza, los provenientes de capas medias viven un futuro incierto y los hijos de familias ricas tienen garantizadas las mejores universidades en Chile y en el extranjero. 

El hundimiento del Liceo Aplicación simboliza la tragedia de la educación publica y de las desigualdades que caracterizan nuestro país.

10-09-08